La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y su par de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, firmaron este martes una resolución conjunta
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y su par de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, firmaron este martes una resolución conjunta que pone en marcha el Plan Estratégico de Salud Integral en el Servicio Penitenciario Federal 2021-2023, un programa basado en la atención primaria de la salud de las personas privadas de la libertad, se informó oficialmente.
El plan es una continuidad del programa iniciado en 2012 y pretende consolidar un modelo de cuidados integrales y progresivos para garantizar el derecho a la salud a las personas privadas de libertad, y garantizar su derecho a la salud tanto durante su permanencia en prisión como al momento del egreso.
«Después de cuatro años, y en el contexto de pandemia, se pudo volver a construir nuevamente esta política pública», sostuvo Vizzotti, según indicó un comunicado de la cartera a su cargo.
La ministra destacó además que «fue gracias al trabajo de los equipos y el compromiso de ambos ministerios, que siguieron adelante para sostener, fortalecer y concretar este plan».
En la misma línea, Soria también agradeció la colaboración del Ministerio de Salud y de los integrantes de la mesa interministerial «por este plan estratégico integral que hoy estamos revalidando, porque hace cuatro años atrás hablar de brindar salud en las cárceles era casi un sacrilegio».
De esta manera, ambas carteras trabajan en mejorar la situación sanitaria en los establecimientos penitenciarios, que en el último año debieron adaptarse al contexto de la pandemia causada por el coronavirus, y que incluyó la vacunación de agentes penitenciarios.
El plan prevé la continuidad y el fortalecimiento de los controles de salud anuales para toda la población, la formación de personas privadas de la libertad como promotores de salud y el relanzamiento de la Diplomatura de Salud en Contextos de Encierro para equipos de Salud, que fuera suspendida desde 2016.
Además, incluye la promoción del uso de Guías de Práctica Clínica del Ministerio de Salud para el abordaje de las enfermedades prevalentes, la consolidación de la línea telefónica de cobro revertido del Programa de Salud en Contextos de Encierro, la informatización de las historias clínicas y la continuidad de la asistencia sanitaria al momento del egreso.
Sobre la formación de personas privadas de la libertad como promotores de salud, hasta el momento se formaron 1.113 internos, los cuales durante la pandemia fueron capacitados de manera virtual sobre recomendaciones, pautas de prevención y tratamiento sobre Covid-19, se indicó.
Según el informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal, al 31 de diciembre de 2019, 100.634 personas se encontraban privadas de la libertad alojadas en 307 unidades penitenciarias de todo el país, y 52.922 agentes trabajaban en establecimientos penitenciarios.