La justicia italiana condenó este lunes a cadena perpetua a 24 represores sudamericanos, la mayoría en ausencia, por la desaparición y muerte de 23 opositores de origen italiano en el marco del Plan Cóndor, indicaron fuentes judiciales. Los jueces de la Corte de Apelación de Roma consideraron a un grupo de militares y policías de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay responsables del operativo militar pactado entre las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para secuestrar y ejecutar a los disidentes.
Entre los condenados figura el ítalo-uruguayo Jorge Tróccoli, ex capitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, quien asistió a la primera audiencia del juicio celebrada en febrero del 2015 y el único que reside libremente en Italia.
En la lista de acusados aparecen el ex ministro del Interior de Bolivia, Luis Arce Gomez, el ex presidente de Perú, Francisco Morales Bermúdez, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Juan Carlos Blanco. Todos fueron condenados por homicidio voluntario con agravantes.
La condena suscitó emoción entre el grupo de familiares y autoridades de América Latina que asistieron a la lectura del fallo.
«Es una sentencia importante y emocionante para Uruguay y para las víctimas», reaccionó con la AFP Miguel Toma, Secretario de la Presidencia de Uruguay, quien viajó a Italia para la ocasión. «Hemos venido hasta aquí, a Roma, para sostener la lucha contra la impunidad y porque tenemos la obligación de no olvidar», aseguró por su parte el viceministro de Justicia boliviano, Javier Moncada.
La condena fue pronunciada al término de cuatro años y numerosas audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares y compañeros de detención de las víctimas. Los jueces revirtieron parte del fallo emitido en 2017 y que había defraudado a los familiares tras la absolución de varios militares y agentes de los servicios secretos.
En la primera instancia fueron condenados a cadena perpetua ocho personas, todos en contumacia, sin personarse en Roma, como el dictador boliviano Luis García Meza, fallecido en abril de 2018, y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez.
Y también el ex presidente peruano Francisco Morales Bermúdez; su primer ministro Pedro Richter Prada, muerto en julio de 2017; el ex militar peruano Germán Ruiz; los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y el excanciller uruguayo, Juan Carlos Blanco.
Ahora a estos condenados se suman los ex militares chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan.
Asimismo los ex militares uruguayos José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeauy, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Santa Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilverto Vázquez.
Todos han sido condenados por los delitos de homicidio voluntario y deberán también pagar las costas del juicio.
«Un fallo que está por encima de nuestras expectativas», reconoció a la agencia AFP Giancarlo Maniga, abogado de los familiares de las víctimas.
Familiares, políticos, representantes de derechos humanos de los países involucrados viajaron a Roma para asistir a la lectura de la sentencia, ya que piden justicia desde hace más de 40 años.
Las investigaciones sobre la temida estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur fueron iniciadas hace más de quince años a raíz de las denuncias presentadas en Italia por los familiares de italianos asesinados o desaparecidos, entre ellos la italouruguaya Aurora Melloni, viuda de Alvaro Daniel Banfi, ametrallado junto a otros militantes de izquierda en octubre de 1974 cerca de Buenos Aires, en Argentina.
Tras una larga investigación, el fiscal italiano Giancarlo Capaldo, abrió juicio contra un grupo de 34 ex oficiales y civiles, agentes de la policía y de los servicios secretos de Chile, Uruguay, Bolivia y Perú, varios de ellos ya murieron.
Debido a una serie de impedimentos burocráticos, la justicia decidió juzgar por separado a 50 argentinos así como a varios paraguayos y brasileños por los mismos delitos.