Las manifestaciones se produjeron en medio del estado de excepción que decretó el presidente Lasso. El desencadenante fue por el precio del combustible
Sindicatos, movimientos sociales y organizaciones indígenas de Ecuador encabezaron una nueva protesta contra el gobierno de Guillermo Lasso, principalmente por el precio de los combustibles.
Mientras rige el estado de excepción decretado por el mandatario, que habilita la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, varias rutas fueron bloqueadas por los manifestantes en cinco de las 24 provincias del país, entre ellas la de Pichincha, cuya capital es Quito, según informó el Sistema Integrado de Seguridad ECU911, informó RT en Español.
En ese marco, al menos 37 personas fueron detenidas por los piquetes, según informó por la tarde el ministro de Defensa, Luis Hernández, en una conferencia de prensa conjunta con su par de Gobierno, Alexandra Vela, quien aseguró la jornada de se produjo en general de manera pacífica y con respeto por parte de los manifestantes.
Más temprano, usuarios de redes sociales difundieron imágenes de la represión que se dio en algunos de los puntos donde se desarrolló la protesta.
En la tarde del martes, cuando ya corrían más de 15 horas desde el inicio del paro nacional que comenzó a la medianoche, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que reafirmó su «apertura al diálogo y su compromiso con el cumplimiento de la ley».
«Estamos saliendo de una crisis económica y una pandemia; por lo que en este momento los ecuatorianos quieren recuperarse», señaló el portavoz presidencial Carlos Jijón en una rueda de prensa. Además, informó que las movilizaciones se ubicaban en zonas rurales y que son de «baja intensidad».
La jornada de protesta fue convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la principal central obrera del país, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), entre otras organizaciones.
La medida de fuerza se produjo tan solo cinco meses después de la asunción de Lasso, cuestionado por varias medidas económicas de ajuste y en medio de las revelaciones de los Papeles de Pandora, que expusieron las cuentas en paraísos fiscales del mandatario.
En un clima convulsionado en el país por problemas económicos, tensiones políticas y un incremento de la inseguridad, Lasso dictó la semana pasada el estado de excepción por 60 días para combatir la «delincuencia y el narcotráfico». La medida autoriza a las Fuerzas Armadas a colaborar con la Policía Nacional en el control de la seguridad interna.
El viernes pasado, Lasso dio marcha atrás en los incrementos mensuales de los combustibles, una decisión que había generado un repudio generalizado entre la oposición y buena parte de la sociedad.
Sin embargo, los movimientos sociales, campesinos e indígenas cuestionaron que, antes de retroceder en el aumento, el presidente aplicó un incremento de 21 centavos de dólar por galón en el caso del diésel y de cinco centavos respecto al costo de la gasolina. Así, el precio quedó fijado en 2,55 dólares el galón de la extra y 1,90 el del diesel, un costo considerado elevado por los sectores que están en protesta