El gobierno de Chile calificó de «irresponsable» el lapidario informe publicado por Amnistía Internacional (AI) sobre violaciones «generalizadas» a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante la crisis social que vive el país desde hace más de un mes, que también provocó malestar en el Ejército y Carabineros.
«El gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes», dijo anoche en una comparecencia pública la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
«La única política que ha tenido el gobierno es la del resguardo y protección de los derechos humanos», agregó la funcionaria.
La organización, con sede en Reino Unido, acusó ayer tanto al Ejército como a los Carabineros de cometer «ataques generalizados» y hacer un uso «innecesario y excesivo» de la fuerza contra los manifestantes para «desincentivar» la protesta, todo, con la anuencia del presidente del país, Sebastián Piñera, a quien lanzó críticas por su postura.
En un documento con las principales conclusiones luego de una misión de tres semanas en el país, AI aseguró que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado «no son hechos aislados o esporádicos», sino que responden a un patrón y muestran un «grado de coordinación» que «conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel».
«El informe que hemos conocido hoy, lamentablemente, incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, el imperio del Estado de Derecho y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los derechos humanos», apuntó Recabarren, citada por medios locales y la agencia de noticias EFE.
La crisis chilena, la mayor desde el retorno a la democracia en 1990, dejó al menos 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, atropellos y cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado) y más de 2.300 heridos, de los cuales cerca de 220 presentan traumas oculares severos, según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La Fiscalía ha registrado además alrededor de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios desde el 18 de octubre, cuando se detonó la crisis tras un aumento en la tarifa del subte.
«No esperábamos que el Estado respondiera de esta manera tan brutal», aseveró la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
El Ejército, que estuvo en las calles durante los primeros ocho días de la crisis para tratar de restablecer el orden público cuando se decretaron estado de emergencia y toques de queda, se unió a las críticas al informe de AI y afirmó anoche en un comunicado que sus actuaciones «se ajustaron plenamente a las normas que regulan el uso de la fuerza».
Por su parte, el cuerpo policial de Carabineros también difundió anoche un escrito en el que aseguró que la «institución no ampara ilegalidades» y rechazó «categóricamente cualquier exceso, abuso o vulneración de los Derechos Humanos».
En este sentido, reveló que inició más de 690 casos de sumarios o investigaciones administrativas a nivel interno.