El Consejo de la Magistratura deberá evaluar si lo suspende y habilita su arresto, mientras las investigaciones continúan con testimonios que comprometen aún más al magistrado
El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, pidió la prisión preventiva del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, acusado por presuntas maniobras de corrupción, prevaricato e incumplimiento de deberes de funcionario público. La solicitud fue elevada este miércoles en una audiencia judicial, aunque su concreción depende del Consejo de la Magistratura debido a que el magistrado goza de inmunidad de arresto.
La imputación a Bailaque se basa en tres investigaciones paralelas que revelan una presunta connivencia con sectores del narcotráfico, irregularidades en el manejo de fondos públicos y supuestos vínculos con funcionarios de la ex AFIP y la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). “Están dados los elementos de convicción suficientes para fundar el pedido de prisión”, sostuvo Velasco ante el juez de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz. El fiscal alertó sobre el riesgo de entorpecimiento de las causas si el magistrado sigue en funciones.
Entre las acusaciones más graves, se señala la actuación de Bailaque en el caso Esteban Lindor Alvarado, uno de los líderes narco más poderosos de Rosario. Según la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el juez denegó medidas clave durante la investigación y mantuvo vínculos con Gabriel Mizzau, contador tanto de Alvarado como del propio magistrado.
Además, está bajo la lupa por haber facilitado el desvío de mil millones de pesos de la cooperativa de estibadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín hacia una mutual privada, presidida por su amigo personal Fernando Whpei. Según la fiscalía, el juez nunca informó de ese vínculo pese a ser recusado por los trabajadores afectados.
El tercer expediente apunta a su presunta participación en maniobras para perjudicar al empresario Claudio Iglesias en 2019. En esa causa, habrían intervenido también su secretario Gustavo Guazzaroni y altos mandos de ARCA, en base a una denuncia anónima con aparentes motivaciones políticas y económicas.
Además del pedido de detención, el fiscal Sergio Rodríguez solicitó el embargo de bienes del juez, incluyendo inmuebles, una embarcación y un vehículo. El Consejo de la Magistratura deberá evaluar si suspende a Bailaque y habilita su arresto, mientras las investigaciones continúan con testimonios que comprometen aún más al magistrado, como el de un exdirectivo de la AFIP que se presentó como arrepentido.
Desde Rosario, el caso resuena con fuerza por su gravedad institucional y por el impacto que puede tener en la credibilidad del Poder Judicial federal en causas sensibles vinculadas al narcotráfico, lavado de activos y corrupción.