El diputado provincial Miguel Rabbia, solicitó su intervención ante las reiteradas interrupciones en la cobertura brindada
El diputado provincial Miguel Rabbia, se presentó ante la Defensoría del Pueblo para solicitar su intervención ante las reiteradas interrupciones en la cobertura brindada por el IAPOS y así poder acceder a información sobre el funcionamiento del mismo. “Llegamos a esta instancia porque el Ejecutivo no da respuestas a las diferentes acciones legislativas que hemos tomado, y la salud no puede esperar. Hay un derecho esencial de los afiliados que está siendo vulnerado. Pusieron al afiliado en una encrucijada en donde debe elegir entre comer, pagar el alquiler o atender su salud” indicó Rabbia.
Rabbia tomó diferentes acciones legislativas para esclarecer la situación del IAPOS. Se iniciaron diversos pedidos de informes en la Cámara de Diputados, entre ellos uno convocando a los distintos actores involucrados a discutir la situación del instituto; otro solicitando una audiencia pública para discutir sobre la situación de la obra social. También abrió un expediente por la interrupción del servicio de anestesia. “Hoy tenemos una jubilación de $367.726 y una pensión de $275.795; mientras que para una anestesia para una cirugía se exigen como mínimo $500.000”. Los expedientes mencionados no han recibido tratamiento pese a los reiterados pedidos del diputado, ni ha sido aceptado su tratamiento sobre tablas en las últimas sesiones de la Cámara de Diputados, lo que condujo al edil a avanzar en la Defensoría del Pueblo.
La solicitud de intervención apunta a que el organismo normalice las prestaciones a sus afiliados, acercando a las partes intervinientes; como así también poder obtener información certera sobre los motivos de los conflictos y deudas existentes, el alcance real de las prestaciones que han sufrido recortes y el estado de situación financiero del organismo. En un contexto de denuncias y reclamos cruzados sobre los fundamentos de las interrupciones del servicio, alegaciones de deudas no saldadas y reclamos no respondidos, Rabbia consideró que “es un imperativo de transparencia y derecho de la ciudadanía conocer cuál es la real situación de la obra social de los trabajadores de la Provincia de Santa Fe y cómo se administra su dinero. El dinero del IAPOS no es del Estado, es de los trabajadores, quienes solventan exclusivamente su funcionamiento con sus aportes”.
Antecedentes
Desde comienzos del año 2024 se han registrado múltiples suspensiones de los servicios de salud brindados por la obra social I.A.P.O.S. a sus afiliados. En abril, las asociaciones de clínicas y sanatorios de las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela anunciaron un corte de prestaciones a los afiliados debido al atraso de pagos por parte de la obra social, como así también por la falta de actualización de los montos abonados por cada práctica realizada. La medida resultó sorpresiva para los afiliados, poniéndolos en una situación de extrema vulnerabilidad al no tener certezas sobre la cobertura que disponían y por sufrir la suspensión de distintas prestaciones (cirugías programadas, estudios complementarios de imágenes, endoscopías, etc.), a lo que se sumaba el pago del “plus” como compensación que exigían los prestadores.
En junio, las empresas prestadoras de servicios de sepelios de la ciudad de Santa Fe definieron cortar la cobertura a los afiliados a raíz de la falta de actualización de los aranceles que recibieron por sus servicios por parte del instituto.
Más reciente es el conflicto -aún vigente desde el mes de julio- con la Asociación Rosarina de Anestesia, que informó la suspensión de la cobertura de anestesia a los afiliados, quienes hoy en día deben abonar directamente y de forma particular la práctica, para luego requerir al I.A.P.O.S. el posterior reintegro. Otro foco de conflicto reciente que menoscaba el acceso a la salud de los beneficiarios es el relativo a los médicos cardiólogos, nucleados en la Asociación Civil de Médicos Especialistas en Cardiología, que comenzarán a atender solo por reintegro a los afiliados, y cobrarán la consulta médica y electrocardiogramas sobre a base de los honorarios que establece el Colegio de Médicos de Santa Fe.