La representación legal del cordobés Víctor Hugo Saldaño (46), condenado a muerte en Estados Unidos, solicitó a la Cancillería Argentina que interceda ante el Estado norteamericano para que permita que el condenado sea alojado en un neuropsiquiátrico de Argentina.
El requerimiento está fundamentado con el delicado estado de salud de Saldaño (46) y a partir de resoluciones dictadas por la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El abogado Juan Carlos Vega, representante de la familia Saldaño, alojado en una cárcel del Estado de Texas, explicó a Télam que «se está gestionando que Estados Unidos acate» la condena de la CIDH.
Subrayó que, además, se reclama que “por razones humanitarias y de salud” Saldaño sea trasladado a Argentina para un tratamiento psiquiátrico.
Si bien Vega sostuvo que el pedido no es nuevo, afirmó que lo novedoso es que por primera vez el organismo internacional decidió “condenar a Estados Unidos a liberar a Saldaño y declarar nula las dos sentencias de muerte”.
Precisó que también la CIDH declaró que “es tortura su permanencia en el corredor de la muerte», lo que ocurrió «por primera vez con el total de 2.500 condenados a muerte” que tiene EE.UU.
En ese sentido, explicó que a partir de lo resuelto por la CIDH se está gestionando ante el canciller argentino, Jorge Faurie, para que apoye esa resolución y que a la vez gestione ante el Secretario de Estado del país norteamericano para que la cumpla y que, consecuentemente, “sea puesto en libertad y alojado en un centro neuropsiquiátrico de Argentina”.
“La salud de Saldaño está destruida. No existe más como ser humano. Hay precedentes que demuestran que con cinco años en el corredor de la muerte no hay aparato psquiátrico ni psicológico que aguante: Saldaño lleva 21 años”, remarco el letrado.
En este marco, se manifestó “muy expectante” en cuanto a la respuesta de la Cancillería y a la “voluntad política” del presidente Donald Trump en cumplirla la decisión de la CIDH.
Todo comenzó el 25 de noviembre de 1995 cuando Saldaño, junto a su amigo mexicano Jorge Chávez, robaron en un negocio en las afueras de Dallas y se llevaron al vendedor Paul King, quien luego fue encontrado asesinado en un bosque cercano.
En julio de 1996 Saldaño fue condenado a la pena de muerte con una inyección letal, mientras que Chávez fue sentenciado a prisión perpetua luego de confesar su participación en el crimen.
La primera sentencia fue declarada nula por la máxima instancia judicial de Estados Unidos, fundamentando la misma en que se incurrió en «racismo”, mientras que en 2005 se realizó un segundo juicio y se ratificó la sentencia a muerte que hoy mantiene vigencia. El condenado permanece alojado en cárcel de Huntsville (Téxas).
“Estados Unidos está obligado a cumplir lo que ordena la CIDH, porque su vinculación así los establece jurídicamente la Declaración Americana”, que es parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), precisó el letrado, quien aclaró que el tema lo tiene que resolver el presidente Donald Trump.
El requerimiento está fundamentado con el delicado estado de salud de Saldaño (46) y a partir de resoluciones dictadas por la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El abogado Juan Carlos Vega, representante de la familia Saldaño, alojado en una cárcel del Estado de Texas, explicó a Télam que «se está gestionando que Estados Unidos acate» la condena de la CIDH.
Subrayó que, además, se reclama que “por razones humanitarias y de salud” Saldaño sea trasladado a Argentina para un tratamiento psiquiátrico.
Si bien Vega sostuvo que el pedido no es nuevo, afirmó que lo novedoso es que por primera vez el organismo internacional decidió “condenar a Estados Unidos a liberar a Saldaño y declarar nula las dos sentencias de muerte”.
Precisó que también la CIDH declaró que “es tortura su permanencia en el corredor de la muerte», lo que ocurrió «por primera vez con el total de 2.500 condenados a muerte” que tiene EE.UU.
En ese sentido, explicó que a partir de lo resuelto por la CIDH se está gestionando ante el canciller argentino, Jorge Faurie, para que apoye esa resolución y que a la vez gestione ante el Secretario de Estado del país norteamericano para que la cumpla y que, consecuentemente, “sea puesto en libertad y alojado en un centro neuropsiquiátrico de Argentina”.
“La salud de Saldaño está destruida. No existe más como ser humano. Hay precedentes que demuestran que con cinco años en el corredor de la muerte no hay aparato psquiátrico ni psicológico que aguante: Saldaño lleva 21 años”, remarco el letrado.
En este marco, se manifestó “muy expectante” en cuanto a la respuesta de la Cancillería y a la “voluntad política” del presidente Donald Trump en cumplirla la decisión de la CIDH.
Todo comenzó el 25 de noviembre de 1995 cuando Saldaño, junto a su amigo mexicano Jorge Chávez, robaron en un negocio en las afueras de Dallas y se llevaron al vendedor Paul King, quien luego fue encontrado asesinado en un bosque cercano.
En julio de 1996 Saldaño fue condenado a la pena de muerte con una inyección letal, mientras que Chávez fue sentenciado a prisión perpetua luego de confesar su participación en el crimen.
La primera sentencia fue declarada nula por la máxima instancia judicial de Estados Unidos, fundamentando la misma en que se incurrió en «racismo”, mientras que en 2005 se realizó un segundo juicio y se ratificó la sentencia a muerte que hoy mantiene vigencia. El condenado permanece alojado en cárcel de Huntsville (Téxas).
“Estados Unidos está obligado a cumplir lo que ordena la CIDH, porque su vinculación así los establece jurídicamente la Declaración Americana”, que es parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), precisó el letrado, quien aclaró que el tema lo tiene que resolver el presidente Donald Trump.