El fiscal Jorge Di Lello le pidió al juez Ariel Lijo que la causa en la que se encuentra procesado el ex vicepresidente Amado Boudou por la «presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos» sea elevada a juicio oral.
El delito por el que está acusado Boudou, quien ya cumple prisión efectiva en el penal de Ezeiza tras haber sido condenado a cinco años y diez meses por la causa Ciccone, tiene en este caso una pena de entre dos y diez años de cárcel.
El pedido involucra también al ex jefe de Gabinete del Palacio de Hacienda, Guido Forcieri, y su ex secretario privado, Héctor «Cachi» Romano, ambos procesados. «La conducta imputable a Amado Boudou, Héctor Romano y Guido Cesar Forcieri consiste en haber presentado declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos», sostuvo el dictamen de Di Lello, publicado por el portal Infobae.
Según señaló el fiscal, «Amado Boudou era la autoridad máxima a la que se le entregaban los gastos eventuales y sobre quien recaía la obligación de rendir cuentas de esos gastos». Se trata de montos «destinados a solventar imprevistos, como alquiler de vehículos y de espacios de reuniones» y al pago a traductores: los fondos se asignan a la máxima autoridad de la comitiva y la rendición debe contener un detalle de los correspondientes comprobantes de los gastos efectivamente realizados por la comitiva.
Al declarar en la causa, Boudou había asegurado que desconocía las facturas presentadas y que no estaba «dentro de sus funciones ocuparse de esas cuestiones logísticas». «Jamás llevé dinero ni recibí facturas ni las tramité de los gastos eventuales. Para esto, existe una estructura de ceremonial y secretaría privada que se ocupa de estas cuestiones. No estoy diciendo que exista el hecho que se me imputa, sino simplemente que aún en el improbable caso de ser cierto, yo soy ajeno al mismo, ya que existe una estructura de confianza administrativa, como en cualquier ente u órgano», sostuvo el ex vicepresidente.
Sin embargo, para Di Lello las explicaciones no alcanzaron y los acusados deberán ir a juicio: según consideró, «cada uno de ellos tuvo un rol directo en la comisión del delito imputado, ya que todos revisten la calidad de autor que requiere la norma y tienen su deber especial que fue infringido con la actuación individual en cada formulario que se suscribió o en cada nota en donde se solicitaban los gastos en cuestión».
Según consta en la causa, se habrían falsificado al menos dos facturas del hotel «Bel-Ami» de París, Francia, por 9.395 y 6.943,23 euros respectivamente y una factura a favor del intérprete Eduardo E. Kahanne, por un monto de 3.300 euros, las cuales se presentaron en la rendición de gastos.
Concretamente, en el marco del expediente por a los viáticos asignados al viaje que realizó Boudou a París entre el 17 y 21 de febrero de 2011, el entonces ministro habría presentado una factura suscripta por Héctor Romano, a favor de Kahane por su actuación en la reunión de ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, la cual fue desconocida por el intérprete.
Kahane manifestó que la factura había sido falsificada y que él solamente había cobrado 1.900 euros por los servicios brindados en los días 18 y 19 de febrero de 2011, aportando copia del recibo que habría realizado en aquella ocasión.
También se habría presentado como comprobante una factura suscripta por Romano y correspondiente al Hotel Bel-Ami de París por un valor total de 9.395 euros, con relación al alojamiento entre el 17 y el 21 de febrero, la que también habría sido falsificada.