El diputado Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) ingresó un expediente en la Legislatura donde pide respuestas al gobierno de Maximiliano Pullaro
Distintas empresas radicadas en Santa Fe vienen atravesando crisis dentro de un clima de volatilidad económica desde la asunción del nuevo Gobierno nacional. Dos de ellas son emblemáticas en la provincia, una del rubro metalúrgico y la otra del sector lácteo. Ambas han informado en el último tiempo caída de la producción lo que derivó en suspensiones de trabajadores. Una tercer empresa es la cerealera del grupo Vicentín que desde 2019 arrastra un concurso preventivo y una gran lista de acreedores esperando cobrar.
En ese sentido, desde la Cámara de Diputados provincial interpelan al Ejecutivo santafesino sobre su postura ante tres casos emblemáticos en Santa Fe con empresas de renombre.
Puntualmente, el diputado Carlos del Frade del Frente Amplio por la Soberanía ingresó un expediente donde pide respuestas al gobierno de Maximiliano Pullaro fundamentalmente centrado en la situación de los trabajadores de las correspondientes firmas privadas.
ACINDAR
Del Frade apunta en su pedido a conocer algún plan previsto por el Ejecutivo provincial en torno a la situación de las plantas de Acindar en Villa Constitución y Rosario.
La firma nuevamente anunció que desde este lunes 17 de junio vuelve a suspender su producción y que además tiene previsto más períodos similares hasta fin de año. El foco aquí del requerimiento del diputado es sobre la continuidad laboral de los operarios en ambas plantas.
Concretamente, la empresa del grupo multinacional Acindar ArcelorMittal llevará adelante suspensiones acordadas con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante todo el año, debido a la contracción de su nivel de actividad industrial y dicho acuerdo comprende el pago de salarios durante el parate: el valor diario de la prestación no remunerativa será equivalente a un 83% del salario básico neto para las suspensiones que se realicen en los meses de junio y julio, 80% si se realizan en el mes de agosto y de un 75% si se producen en septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
La situación mantiene en alerta al gremio metalúrgico de Villa Constitución que teme despidos y según el secretario general del gremio, Pablo González, “el conflicto se va a manifestar cuando no le quieran pagar el sueldo a la gente o cuando quieran cambiar algunas de las condiciones laborales que tienen actualmente”.
Más aún –según reescribió Del Frade en su proyecto– la gran preocupación del gremio es la aprobación de la Ley Bases “anhelada” por el sector empresario debido a que “perjudicará mucho el accionar gremial debilitando la lucha sindical”.
En ese sentido, el titular de la UOM de Villa Constitución ejemplificó: «Cuando un bloqueo a una planta pase a ser ilegal y considerado causal de despido como estipula el proyecto de ley, eso les dará una herramienta a ellos», en referencia a la patronal que cuando el proyecto de Milei se convierta en ley podrán cortar por lo más delgado y debilitar la lucha sindical, para que el trabajador sea un recurso de descarte.
“Ante semejante panorama es vital conocer qué información tiene el Gobierno provincial sobre el futuro mediato de las fuentes laborales en Acindar, tanto en su planta de Villa Constitución como también en Rosario”, reiteró el diputado provincial.
SANCOR
Por su parte, Del Frade quiere conocer el informe del Gobierno de Santa Fe respecto a la situación de la empresa Sancor y el futuro mediato de la planta de trabajadoras y trabajadores.
Sancor afronta desde hace años un escenario por demás complejo. Con deudas millonarias y un plantel de trabajadores sumido en la incertidumbre, “es fundamental saber qué visión tiene el Gobierno provincial sobre el presente y el futuro mediato de la empresa”, indicó el diputado del Frente Amplio por la Soberanía.
Por lo pronto, el gremio Atilra que nuclea a los trabajadores de Sancor viene de meses de medidas de fuerza por la deuda de la cooperativa con sus empleados y en estos días se conoció que estaría por cerrarse un acuerdo para volver a funcionar con normalidad.
Sancor afronta deudas millonarias y un plantel de trabajadores sumido en la incertidumbre, “es fundamental saber qué visión tiene el gobierno provincial sobre el presente y el futuro mediato de la empresa”, reitero Del Frade.
VICENTIN
Con respecto a la agroexportadora del grupo Vicentín se debe recordar que a fines de 2019 cayó en default y solicitó en febrero de 2020 la apertura de su concurso preventivo de acreedores, acumulando una deuda por más de USS1 500 millones.
En ese sentido, medios de comunicación de Buenos Aires informaron que la propuesta presentada por el grupo Vicentin puede ser homologada por los organismos judiciales que llevan adelante el seguimiento de dicho concurso preventivo de acreedores.
Al respecto, el legislador provincial agregó en sus requerimientos al gobierno provincial que dé a conocer “su posición” con respecto a la posible homologación de la propuesta presentada por el grupo empresario para saldar sus deudas y si existe información con respecto al futuro de la planta de trabajadoras y trabajadores en el nodo norte del consorcio.