Unas 30.000 personas ya firmaron una petición on line para que el Congreso de la Nación apruebe una ley de protección a testigos y denunciantes de casos de corrupción.
La petición fue presentada por Carlos March, ex director de Poder Ciudadano y actual integrante de la fundación Avina, a través de la plataforma Change.org, y ya lleva recolectadas 31.297 adhesiones de ciudadanos.
«Tenemos que proteger a las personas que denuncian la corrupción en Argentina. Hoy no están protegidas como debieran. Los países que tienen altos índices de corrupción son los menos desarrollados y también son los de mayores niveles de pobreza. La corrupción es por naturaleza poco visible y clandestina. Nadie pide recibo cuando paga coimas», dice la presentación.
En ese marco, se solicita que el Congreso de la Nación apruebe una ley de protección a testigos y denunciantes de casos de corrupción. «Es necesario que el Estado cuente con un sistema de protección que asegure asistencia jurídica, psicológica y económica a toda persona denunciante de ilícitos cometidos en perjuicio de los fondos públicos. Así como actualmente se premia al testigo arrepentido con una reducción de su pena, también debería hacérselo, a modo de incentivo, con quien denuncia de buena fe hechos de corrupción sin estar involucrado en los mismos», se indica.
Además se propone que sea «un programa que funcione bajo la órbita del Poder Judicial y no, como ahora, que depende de la discrecionalidad del Ministerio de Justicia», y precisa que «actualmente, sobre 24 provincias, existen 17 subsistemas de protección, todos absolutamente descoordinados entre sí y que en general no comprenden los casos de corrupción».
«Proteger a los testigos y denunciantes de corrupción es salvar vidas. Porque la corrupción mata. Las 51 víctimas fatales del accidente de tren en la estación Once y los 194 muertos en el incendio de Cromañón son dos pruebas irrefutables. Un denunciante protegido es un testigo a salvo. Y un testigo a salvo que llega a declarar en un juicio rompe la impunidad, aporta pruebas para condenar a los corruptos y elementos para recuperar los activos de las mafias», concluye la solicitud.