En su segundo día de paro, el sector reclamó la puesta en marcha de la normativa vetada por Milei y ratificada por el Congreso
En el marco del segundo día de paro nacional, personas con discapacidad, familiares, trabajadores y prestadores de servicios especializados se movilizaron este miércoles por el centro de Rosario para exigir la implementación efectiva de la Ley de Emergencia para el sector, sancionada y ratificada por el Congreso, pero aún sin aplicación por parte del Ejecutivo nacional.
La jornada de protesta comenzó con una caravana de vehículos desde el Parque Independencia hasta la plaza San Martín, donde se realizó el acto central a media mañana. La medida fue convocada por la Asociación de Transportistas Especiales de la Provincia de Santa Fe (Atraes) y la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), y contó con la adhesión de múltiples entidades del interior santafesino. En simultáneo, se realizaron movilizaciones en la ciudad de Santa Fe y otras capitales del país.
Durante el acto en la plaza San Martín, se escucharon testimonios de familiares y trabajadores que describieron una realidad atravesada por pagos atrasados, demoras en la autorización de prestaciones, falta de medicamentos y riesgo de cierre de instituciones.
“Que nos escuchen a los discapacitados para poder estar bien”, expresó un joven entre lágrimas, en medio de aplausos.
“Tengo un hijo de 27 años y todos los meses debo rendir cuentas con tickets y comprobantes. Los legisladores deben dejar de mirar para otro lado”, agregó una madre visiblemente conmovida.
La tensión crece ante la posibilidad de que varios centros de atención cierren sus puertas por la falta de actualización del nomenclador nacional —la escala que define los aranceles que se pagan por las prestaciones—. Según advirtieron los manifestantes, algunos transportistas analizan vender sus vehículos ante la imposibilidad de sostener los costos. “Milei se la da de Moisés y es un fariseo, no le mueve un pelo. La ley se aprobó, que la hagan cumplir”, dijo una mujer durante el acto.
“Una dilación cruel”
El presidente de Atraes, Pablo Bolego, explicó que “el sector se ve obligado a realizar un cese involuntario de actividades”, y criticó duramente la falta de ejecución de la norma: “El gobierno vuelve a jugar con los tiempos de los trabajadores, las familias y las personas con discapacidad. Esta dilación no solo vulnera derechos, sino que profundiza la incertidumbre en un sector que ya no puede esperar más”.
En la misma línea, Bolego recordó que la ley fue aprobada por ambas cámaras y que el Congreso rechazó el veto presidencial, por lo que el incumplimiento del Ejecutivo constituye “una desobediencia institucional muy grave”.
“Trabajamos todo el año en la ley de Emergencia y, sin embargo, el gobierno decide no cumplirla. Es una dilación muy cruel”, señaló.
Tensión en la Andis y suspensión de un encuentro clave
La presidenta de Apridis, Mariel Chapero, manifestó su “repudio a los hechos de violencia ocurridos el viernes pasado en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)”, cuando un grupo de familiares y prestadores ingresó al edificio para exigir ser recibidos.
“Estamos en una situación desesperante, las instituciones están desapareciendo y el Estado no ofrece respuestas”, advirtió.
Ese mismo día estaba previsto un encuentro entre representantes del sector y el interventor de la Andis, Alejandro Vilches, para discutir la actualización de aranceles, pero la reunión fue suspendida por ‘fuerza mayor’, lo que profundizó el malestar entre los manifestantes.
Un reclamo que crece
Con marchas simultáneas en Rosario, Santa Fe y Buenos Aires, el reclamo por la emergencia en discapacidad se expande a lo largo del país. Las organizaciones aseguran que, si el Gobierno nacional no avanza con la reglamentación y ejecución de la ley, las medidas de fuerza continuarán la próxima semana.
“No pedimos privilegios, pedimos dignidad y cumplimiento de la ley”, sintetizó uno de los manifestantes al cierre de la jornada en la plaza San Martín.