Por Matías Gregorio
La Justicia federal falló este martes a favor los damnificados por el uso indiscriminado de agroquímicos, y no en beneficio de las corporaciones y los grandes terratenientes. Y en Argentina, una decisión de este tipo significa un acontecimiento histórico. En la causa que se sigue en la localidad bonaerense de Pergamino contra cuatro agricultores por fumigar con agrotóxicos sus campos y causar graves afecciones en la salud de las personas de tres barrios linderos, se dispuso una nueva medida cautelar que amplía la distancia de las fumigaciones.
El juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo dictó que las fumigaciones aéreas en Pergamino deben conservar una distancia de 3.000 metros entre el límite del terreno de cultivo y la planta urbana, y que esta diferencia tiene que ser de 1.095 metros en el caso de aplicaciones terrestres, entre otras regulaciones sobre el uso de plaguicidas.
En la resolución, el magistrado ordenó fijar «un límite restrictivo y de exclusión y que la medida comprende el «no uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos». «No es posible soslayar que se trata de una situación extremadamente delicada y sensible, estando en juego la salud de niños y adultos de esa región», expuso Villafuerte Ruzo.
Ya con anterioridad, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar, en abril de 2019, que restringía las fumigaciones terrestres con agrotóxicos hasta los 600 metros del limite urbano pero que sólo alcanzaba a los barrios de Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida.
La investigación penal siguió su curso y se logró acreditar como prueba que toda la familia de Sabrina Ortiz, una vecina de Villa Alicia que inició la causa penal y actúa como querellante, presenta daño genético. También se acreditó que a sus hijos se les detectó glifosato en el cuerpo y que otras personas de los barrios en cuestión tuvieron o tienen enfermedades oncológicas.
Por ello, Ortiz y el fiscal federal que interviene en la causa, Matías Di Lello, le solicitaron al juez que extendiera la protección cautelar ya establecida a toda la población de Pergamino y que además expanda la distancia a la cual se puede fumigar.
«Esto sería una ampliación de la medida, lo que quiere decir que se agravó la situación», dijo Sabrina Ortiz en diálogo telefónico con CLG, y explicó: «El juez tomó la decisión a partir de la presentación que hicimos de los análisis de daño genético en mi familia, realizados por la doctora en Ciencias Biológicas Delia Aiassa, quien es investigadora genetista en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ella también presentó un informe donde habla de las exposiciones cercanas o lejanas y establece instancias a partir de estudios de rigor científico que ha hecho en varios puntos de la Argentina, como en el caso de Monte Maíz, una población rural de Córdoba, que dan cuenta que, a partir de los 1095 metros, si bien no desaparece el daño genético, empieza a disminuir».
«Nos animamos a ir más allá y pudimos lograrlo», celebró la fundadora de la agrupación «Madres de Barrios Fumigados de Pergamino», que ya había tenido contacto con este medio a mediados de junio, y remarcó que la «novedad más grande» es que se amplió la medida a toda la ciudad, ya que «no solamente hay que cuidar a los chicos de los tres barrios afectados, sino también hay que preservar la vida de todos los niños, porque, tal como lo afirma la doctora, los más vulnerables en esta situación de pulverización son los menores por los daños genéticos que en ellos genera».
«(Ortiz) solicita se amplíe la extensión geográfica en cuanto a las limitaciones prohibitivas determinadas en el fallo resuelto el día 03 de abril 2019, el cual resulta insuficiente hasta el momento, debiendo atenderse con total responsabilidad las demandas de esta urgencia de modificación de prohibición de 600 metros a por lo menos 1.095 metros de las zonas habitadas, teniendo en cuenta que cuatro habitantes del barrio Villa Alicia, padecen daño genético causado por la exposición a sustancias agrotóxicas», remarcó Villafuerte Ruzo en el fallo al que tuvo acceso Infobae.
A su vez, el magistrado le ordenó al intendente local Javier Martínez (Juntos por el Cambio) que suspenda «provisionalmente» las autorizaciones para futuras fumigaciones en todo el Municipio con las nuevas distancias establecidas.
También le pidió al Ejecutivo de la Municipalidad de Pergamino un informe con datos de todos los pueblos de campaña, con cantidad de habitantes y de escuelas rurales «a los efectos de fijar los parámetros de distancia que resulten más adecuados» para estos establecimientos. Por lo tanto, se espera que un nuevo fallo defina estas distancias para las poblaciones rurales, las más afectadas presumiblemente.
«Estamos muy contentos y muy agradecidos por el accionar de la Justicia porque están trabajando muy bien, de manera muy seria, con rigor científico y con muchos especialistas que son de relevancia, no solamente en Argentina sino en el mundo», declaró Sabrina, quien decidió estudiar abogacía y hacerse la matricula federal una vez que se recibió para denunciar el caso en esa área, puesto que la Fiscalía provincial desestimó las denuncias durante siete años.
Genes dañados
Ortiz contó que la comunidad de la ciudad ubicada a 113 kilómetros de Rosario «celebró» el fallo al considerarlo «histórico», teniendo en cuenta que al vivir en el «núcleo sojero» y «en la ciudad de Monsanto» es muy difícil luchar contra los agroquímicos.
«Sabemos que es una medida provisoria, pero creemos que es un puntapié para que se replante el modelo productivo actual que nos está afectando a todos, algo que ya quedó demostrado con los análisis que presentamos ante la Justicia», expresó Sabrina, y mencionó que sus hijos tienen entre 100 y 120 veces más de glifosato y y su metabolito AMPA en sus cuerpos, lo que les genera serios problemas de salud.
» Si bien el daño ya está hecho, queremos que no se siga haciendo «
El daño genético que sufrieron sus hijos, Fiama y Ciro, y que fue comprobado en el estudio de genotoxicidad, es la modificación del código genético, es decir, el ADN, y lo que sucede es que los tóxicos se van «comiendo» de a poco al material genético. Esto puede ser el detonante de «muchas cuestiones horribles», como disfunción endócrina, problemas hormonales, infertilidad, hipotiroidismo, diabetes y otros tipos de enfermedades crónicas y tumores. «Es una sustancia que no puede irse del cuerpo, y ese es el peligro que presenta. Mis dos hijos ya pasaron por agentes quimioterápicos, y yo tuve dos accidentes cerebrovasculares isquémicos, es decir, estamos en una situación de vivir el día a día, porque no sabemos lo que puede pasar», agregó la entrevistada, y detalló que días atrás su hija fue operada por quinta vez.
Además, manifestó que cuando una célula se copia, también se replica ese material que ha sido deteriorado, lo cual hace que aumenten las probabilidades de desarrollar algún tumor o hasta autismo, por ejemplo. Esto quiere decir que los posibles hijos de Fiama o Ciro también se verían afectados. «Como padres es muy difícil asumir esta situación porque hay momentos donde no entendemos cómo nos está pasando a nosotros. Uno siempre lo ve desde afuera, pero vivirlo es muy duro», reconoció Ortiz.
El agua se mantiene en la mira
Meses atrás, un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) de Balcarce estableció que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida contiene al menos 18 tóxicos peligrosos para la salud, derivados del uso de agroquímicos, y determinó que no es apta para consumo humano, aspecto en el que coincidieron médicos peritos y también especialistas del Conicet y de la Corte Suprema de la Nación, luego de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) negara esos datos.
«No solamente incorporamos los tóxicos por aire, sino también por agua, como ya se ha comprobado, y también a través de los alimentos, es decir, tenemos tres o cuatro de vías de incorporación a las que no podemos escapar», señaló la docente en salud universitaria.
Después del pedido de la querella y del fiscal federal de San Nicolás, el juez ordenó que provea de agua potable a toda la población de los barrios afectados, donde tanto niños como adultos padecen diferentes patologías asociadas con este drama: asma, problemas en la piel, tiroides y cáncer.
Sabrina narró que el agua se sigue distribuyendo, aunque «la calidad no es la más optima». Y citó un ejemplo: «Han llegado bidones contaminados con moscas». También comentó que ha habido «un cambio de prestador» y que surgieron algunas cuestiones «que hicieron que la gente se sienta denigrada».
Cómo sigue la causa
A pesar de la prohibición de fumigar a menos de 600 metros que regía desde abril, la madre dio detalles de un caso estremecedor: «El pasado 4 de junio, desobedeciendo la orden judicial, uno de los imputados volvió a fumigar en su campo a plena luz del día. A partir de la declaración que hace el propio ingeniero que emite la receta para esa aplicación, da cuenta de que el personal de control municipal, Guillermo Naranjo y Mario Toscanini, se hace presente en el lugar desde que empieza hasta que termina la aplicación. El señor que fumiga, que es el dueño del campo, de apellido Cortese, fue hasta un pueblo cercano después del secuestro de su equipo de fumigación y alquiló una maquinaria para hacer lo mismo. Y lo hizo para subestimar y desafiar a la Justicia, en una actitud totalmente equivocada porque ahora existe una denuncia de desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público. Es tremendo porque utilizó todos los agroquímicos que se mencionan como prohibidos puesto que son los que más afectan a la salud de las personas».
Por otra parte, la ordenanza aprobada en noviembre de 2018 por unanimidad que le ordenaba al municipio hacerse cargo de la evaluación analítica de las personas de los barrios afectados, es decir, hacerles los análisis de agroquímicos y también evaluar el ambiente donde viven, nunca entró en funcionamiento. «Tenían que dar respuesta en marzo y jamás lo hicieron», sentenció Ortiz.
«Aun así, por suerte, desde la Justicia solicitaron que se hagan los análisis de genotoxicidad a las poblaciones afectadas, lo que nos genera tranquilidad porque sabemos que ya libraron oficio para que las universidades actúen. Vamos encaminados a conseguir el objetivo y que la gente sepa qué es lo que tienen en sus cuerpos y qué es lo que les pasa. Tenemos madres en el grupo que ya han perdido a sus hijos y es muy duro para ellas no saber qué fue lo que les pasó», añadió.
Sabrina criticó el accionar del municipio, al asegurar que «no han reconocido la problemática». Y fundamentó: «Hemos pedido y apoyado la declaración de Emergencia Sanitaria para que los vecinos puedan acceder a la atención médica que están necesitando. Y en las tres oportunidades que se presentó en el Concejo deliberante fue rechazada. La gente va a sacar un turno al hospital y le dan de acá a noviembre».
En la causa ya declararon en indagatoria los cuatro propietarios de los campos vecinos a los barrios afectados desde un comienzo, por lo que desde la agrupación «Madres de Barrios Fumigados de Pergamino» y otras ONGs ambientalistas están aguardado la resolución final.
«Más allá de los cuatro imputados, esperamos y estamos presentando todo lo que oportunamente se vaya desarrollando, que haya responsabilidad comprobada por parte del área municipal. Es fundamental para nosotros, porque no venimos desde ahora con este tema, sino desde hace muchísimo tiempo. Y sin embargo, la secretaria de Salud municipal ha declarado que no estaba enterada de esta situación, y quien esta a cargo de esa área en el Concejo dijo lo mismo, en una postura similar a la que ha tenido el gobierno local negando la posibilidad de atención a las personas, que están siendo prácticamente abandonadas», concluyó la querellante.
