La fiscal de instrucción Nancy Olivieri imputó a las autoridades de la clínica La Trinidad a raíz de la denuncia de supuesto encubrimiento a los médicos que habrían tenido responsabilidad en la muerte de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin, ocurrida durante una endoscopía.
Se trata de un desprendimiento de la causa principal por la muerte de Pérez Volpin. En la misma fue condenado el endoscopista Diego Bialolenkier a tres años de prisión en suspenso por el delito de homicidio culposo e inhabilitado por siete años para ejercer su profesión, mientras que la anestesista Nélida Puente fue absuelta.
La imputación, junto a una serie de medidas de prueba, recayó sobre los directores de la Trinidad Roberto Martingano y el de Galeno Eduardo Cavallo. También se suma por falso testimonio a una médica que estuvo en el quirófano junto a Bialolenkier y Puente.
Esta investigación fue uno de los pedidos realizados por la familia de la periodista durante el juicio oral y público. La sospecha sobre las autoridades del sanatorio surgió a partir que los familiares denunciaron que tras la muerte trágica de la periodista, desde la institución médica entregaron a la causa un endoscopio diferente al utilizado en la práctica médica realizada a Pérez Volpin.
«Desde el primer momento sostuvimos que este equipo no se había utilizado el día de la endoscopía, porque es un equipo viejo, vetusto, que no tiene nada que ver con la tecnología de los demás que tiene la clínica. Éste no graba, y siempre especulamos que no conocíamos el equipo verdadero para que no pudiéramos ver las imágenes del momento en que se realizó la lesión al esófago de Débora», sostuvo el abogado de la familia.