Por Lucía Bellocchio (*)
Tiempo después de su independencia de la Unión Soviética en 1991, los líderes de la República de Estonia apostaron al poder transformador de la tecnología como herramienta para alcanzar un ecosistema eficiente, seguro, transparente, conveniente y flexible, que ahorrara tiempo y dinero.
La principal meta fue construir las bases de una sociedad digital que facilitara las interacciones de los ciudadanos con el Estado. De este modo, Estonia pasó de ser un país desconectado y con infraestructuras de telecomunicaciones ineficientes, a uno donde prácticamente todo (a excepción de casarse, divorciarse o vender una casa) comenzó a hacerse online.
A partir de la incorporación de las tecnologías, los ciudadanos pudieron acceder de manera electrónica al 99% de los servicios públicos y, al día de hoy, prácticamente todas las transacciones bancarias se realizan electrónicamente; asimismo, el uso de la firma digital ha permitido ahorros del 2% del PIB cada año. Esto es lo que hizo que el país se conozca mundialmente como E-Estonia.
Las nuevas tecnologías -entre ellas, internet, macrodatos, inteligencia artificial, cognitive computing, machine learning, big data- desempeñan un rol fundamental para fortalecer gobiernos. Las TIC ofrecen nuevas oportunidades para hacer públicos los datos gubernamentales, aumentar la transparencia y la responsabilidad de los gobiernos, promover la participación y estimular la innovación en las instituciones públicas.
En el día Mundial de la Sociedad de la Información, es el momento para enfatizar en que los gobiernos deben aprovechar y continuar aprovechando, en el caso de la Argentina, el potencial de las tecnologías de la información y comunicación en la formulación de políticas públicas y suministro de servicios públicos. Por un lado, para garantizar un Estado abierto, transparente y que rinda cuentas, al que todas las personas puedan acceder. Por otro, para fomentar ciudades inteligentes y sostenibles mediante la utilización de las nuevas tecnologías, que permitan transformar los procesos básicos estatales, aumentar la eficiencia de las operaciones y servicios urbanos, optimizar los recursos disponibles y así mejorar la calidad de vida de las personas, en su triple dimensión: económica, social y ambiental.
(*) Coordinadora de la Diplomatura en Smart City de la Universidad Austral.