Un hombre de 50 años, imputado por el femicidio de una trabajadora sexual ocurrido hace seis años en la ciudad capital, está siendo sometido a juicio en los tribunales provinciales
Un hombre de 50 años, imputado por el femicidio de una trabajadora sexual ocurrido hace seis años en la ciudad de Santa Fe, está siendo sometido a juicio en los tribunales provinciales y los fiscales adelantaron que pedirán una pena de prisión perpetua, informaron hoy voceros judiciales.
Se trata de Carlos Marcelo Salas, quien está acusado de matar el 6 de febrero de 2016 a Gisela Bustamante en inmediaciones de la estación del Ferrocarril Mitre, situada en el sur de la capital de la provincia.
Salas está preso desde hace un año, cuando fue detenido en una pensión del barrio porteño de Villa Devoto tras mantenerse prófugo durante cinco años.
La Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) añadió que a Salas también se le atribuye haber intentado quitarle la vida a otra mujer y obligar a una tercera víctima a prostituirse.
El crimen de Bustamante fue cometido entre las últimas horas del viernes 5 de febrero de 2016 y la madrugada del día siguiente y según la Fiscalía, la víctima «acordó un pase sexual con el acusado en inmediaciones de la avenida General López y San José», tras lo cual «le apretó el cuello a la mujer y la golpeó en reiteradas oportunidades hasta matarla».
El segundo ilícito fue cometido el 20 de julio del mismo año en un lugar cercano, cuando Salas «también consensuó un pase sexual con la víctima que en ese momento era menor de edad, la hizo desvestir, le entregó 100 pesos y luego la golpeó en la cara y la comenzó a asfixiar».
«Si bien la víctima intentó defenderse, no lo logró. De hecho, el acusado dejó de agredirla cuando llegó personal policial al lugar», remarcó el MPA.
En relación al tercer hecho, la Fiscalía explicó que «la víctima era la pareja del hombre acusado, y él la obligaba a intercambiar sexo por dinero en avenida Freyre y Amenábar».
Voceros judiciales indicaron que el juez Leandro Lazzarini debe analizar las pruebas recolectadas por la Fiscalía y considerar si están dadas las condiciones para que se desarrolle un debate oral y público, tras encabezar una audiencia preliminar.