En diálogo con Telenoche, el ex fiscal sospechado de recibir coimas a cambio de impunidad negó las acusaciones en su contra.
El ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, finalmente rompió el silencio y aseguró ser «inocente» en la causa que lo investiga por recibir coimas a cambio de protección, y en la que también está siendo investigado el fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien este martes recibió la prisión preventiva por 90 días.
Serjal sugirió que le «armaron una causa» con el testimonio del arrepentido Leonardo Andrés Peiti, un empresario que cuenta con antecedentes por juego ilegal y que fue imputado por formar parte de una organización dedicada a extorsiones y juego clandestino. «No conozco a Peiti y nunca me reuní con él», indicó Serjal a Telenoche.
Al ser acusado, Peiti admitió que pagó durante aproximadamente 20 meses 4 mil dólares mensuales en concepto de coimas a Serjal y Asahad con el objetivo de que le filtraran información de investigaciones en su contra.
«La causa arranca con un arrepentido, que está imputado. Tomo conocimiento por su abogado que se reunió con el Fiscal General y los fiscales de la causa. Tiró nombres y dijo que se reunió conmigo y esa palabra vale para armar una causa», insistió Serjal.
Y agregó: «Yo no he filtrado información. Alguien lo habrá pasado información puede ser, pero desconozco quien lo haya hecho».
«Capaz que me quieran meter preso, aunque no hay elementos para eso. Yo siempre estuve a disposición para que investiguen», cerró.
La trama del escándalo
Serjal llegó a Rosario para sumarse a las filas del flamante Ministerio Público de la Acusación que se puso en marcha en febrero de 2014. Ingresó a la Unidad de Flagrancia y Turno, una oficina donde los fiscales están en la primera línea de fuego y se ocupan de todo lo que no estaba designado a una unidad especial.
Allí Serjal hizo sus primeras herramientas en el MPA santafesino y coincidió con su par Gustavo Ponce Asahad, que venía del viejo sistema procesal penal. Había sido prosecretario de la cuestionada jueza María Luisa Pérez Vara cuando se produjo el crimen de Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli en diciembre de 2013.
Tras asumir hubo un cuestionamiento en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales para ser fiscal, ya que algunos se preguntaron si contaba con el plazo legal necesario en cuanto al cambio de domicilio. Pero dos años despúes, Serjal quedó en la mira de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura cuando archivó una causa contra un empresario al que luego le compró dos autos cero kilómetro por dos millones de pesos, en una causa investigada por la Unidad de Delitos Económicos.
La pesquisa se inició por una denuncia del empresario Omar Santero, de Carrocera Sudamericana, contra Rómulo González, titular de la concesionaria Auto Rosario por los delitos de retención indebida, fraude y administración infiel. En abril de 2019 los fiscales del caso Natalia Benvenuto y David Carizza desestimaron la denuncia y Serjal confirmó el archivo en junio de ese año. Menos de un mes después del archivo Serjal compró dos autos Toyota cero kilómetro en esa concesionaria.
En noviembre pasado el fiscal general Baclini revocó la decisión de Serjal, reabrió la investigación contra González y emitió una resolución donde dijo que la situaciones expuestas en el caso implicarían una violación a la responsabilidad ética y a la transparencia que se le exige a todos los funcionarios del MPA. Tras esta intervención, Serjal pidió su apartamiento de la causa, cuenta el preinforme. La entonces diputada Alicia Gutierrez pidió una investigación contra el fiscal regional por posible mal desempeño.