El Senado recibió hoy a médicos y abogados constitucionalistas y especialistas en derecho internacional que expusieron visiones a favor y en contra de la legalización del aborto, así como interpretaciones diferentes sobre los tratados internacionales incorporados por la Argentina.
La compatibilidad o no del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados con la Constitución Nacional y las convenciones internacionales fue uno de los temas centrales, junto con las exposiciones sobre la conveniencia o no de legalizar el aborto.
A continuación, la voces a favor y en contra del proyecto durante la segunda jornada de exposiciones:
A favor
En representación de Amnistía Internacional, Mariela Belski destacó que «el objetivo es lograr una transformación sustancial en el régimen legal para garantizar la vida, la salud, la integridad de las mujeres y cumplir con las obligaciones y compromisos internacionales asumidos por Argentina».
El constitucionalista Ricardo Gil Lavedra consideró: «Mantener las cosas como están es mantener una criminalización simbólica que impide a la mujer acceder a los servicios de salud. Estamos utilizando la herramienta más grosera para obligar a la mujer a continuar un embarazo contra su voluntad».
Leonardo Caruana, médico, destacó la experiencia de la ciudad de Rosario con el acceso gratuito a los anticonceptivos y el cumplimiento de los protocolos sobre aborto no punible y señaló: «Estos últimos cinco años hemos tenido una disminución drástica de la tasa de muertes por abortos y no hemos tenido un aumento de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo».
Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, indicó entre otras cosas que el proyecto «no viola la Convención sobre los Derechos del Niño» y explicó: «El Comité de los Drechos del Niño le ha dicho al Estado Argentino en 2010, 2016 y 2018 que el Estado debe garantizar el acceso de las niñas y adolescentes al aborto legal y tiene la obligación de despenalizarlo».
A su turno, la socióloga Dora Barrancos afirmó que hay una «larga legitimidad social del aborto en el país» y evaluó que la legalización tiene que ver con el «derecho fundamental humano a la autodeterminación, no hay estado de ciudadanía sin determinación sobre el propio cuerpo».
La ex jueza de la Corte Suprema de Mendoza, Aída Kemelmajer, realizó una extensa exposición sobre la compatibilidad de la legalización del aborto con las convenciones y órganos internacionales. Al respecto, indicó: «Quienes se niegan a la aprobación de esta ley parecen decir ´nosotros sabemos más que el Comité de los Derechos del Niño, que la Organización Mundial de la Salud, que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos».
En contra
Nicolás Laferriere, abogado y representante del Centro de Bioética, sostuvo que «en Estados Unidos la legalización del aborto hizo que hubiera una expansión de los estudios prenatales sobre las pretendidas ventajas de evitar un nacimiento con problemas genéticos». Al respecto, consideró que «no matar es un límite que no puede ser quebrado» y remarcó que «la experiencia internacional es clara, donde se legaliza el aborto libre se produce expansión de estudios prenatales».
Néstor Sagues, doctor en Derecho, afirmó que «la excepción fundada en la voluntad unilateral de la madre es arbitraria e insuficiente para privar de la vida a un sujeto -el niño- que la Constitución Nacional menciona especialmente como objeto tutelado».
Por su parte, el abogado Juan Pablo Echeverría defendió la opción de una «ley de adopción prenatal» como alternativa a la interrupción voluntaria del embarazo y planteó la posible «inconstitucionalidad» de la ley en caso de ser aprobado. Sobre este punto, explicó: «Este proyecto ignora olímpicamente el artículo 19 del Código Civil y la Ley 23.849, es inaceptable que permitamos la eliminación, la desaparición o quitar la vida a una persona sin motivo grave valedero».
Úrsula Basset, doctora en Ciencias Jurídicas, indicó que «la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que se debe decir (a la mujer) en qué consiste la práctica del aborto y que debe ofrecer alternativas» y «esto no resulta del proyecto», por lo que «es un mal proyecto».
La médica Zelmira Botini de Rey opinó: «Podría aceptarse el argumento de que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero no tiene ningún derecho sobre otro cuerpo. El hijo no es parte de su cuerpo, reside en su cuerpo».
El constitucionalista Gregorio Badeni sostuvo que «un estado de derecho donde no se respeta la ley o directamente se viola, es una sociedad destinada a caer» y agregó: «En este caso puntual, es importante tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico, nos guste o disguste, la vida empieza en el momento de la concepción».
Fernando Iúdica, médico, consideró que «lejos de pensar en la mujer y el niño por nacer, se elige el camino más fácil» y consideró que «el aborto no es la solución a los graves problemas que plantean para la mujer los embarazos no deseados: esto es una eliminación del ser humano».