El senador nacional afirmó que "estaba la AFI que manejaban Arribas y Macri, y el que manejaba Lorenzetti e Irurzun, y allí elegían qué causas se investigaban"
El senador nacional Oscar Parrilli (FdT-Neuquén) afirmó que durante la administración de Mauricio Macri «se crearon organismos paralelos de inteligencia» y responsabilizó en ese sentido al ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y al camarista Martín Irurzun.
«Estaba la AFI que manejaban Arribas y Macri, y el que manejaba Lorenzetti e Irurzun, y allí elegían qué causas se investigaban», sostuvo Parrilli en declaraciones formuladas este martes.
Parrilli, quien integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, recordó que la semana pasada esta comisión «le entregó a la Vicepresidenta (Cristina Fernández) y al diputado (Sergio) Massa un informe que da cuentas del manejo que tenía la oficina de escuchas telefónicas, que Macri traspasó de la procuradora a la Corte».
En tanto, al referirse al segundo pedido de juicio político que presentó contra el fiscal Carlos Stornelli, recordó que «tiene un procesamiento confirmado por la Cámara», acusado de extorsiones y espionaje ilegal, y consideró que «lo que está claro es que Stornelli ha incumplido sus obligaciones de fiscal».
«Además -continuó- de que estuvo ocho meses prófugo, y el procurador Casal lo protegió», agregó en diálogo con las radios AM990 y El Destape.
Por último, concluyó que «hay una actitud del macrismo de conservar a jueces amigos», tras lo cual nombró a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, y Martín Irurzun, al fiscal Carlos Stornelli, y al Procurador Eduardo Casal.
«Es para que los protejan en los más de cien casos que se están investigando por corrupción que cometieron durante sus cuatro años de Gobierno», advirtió Parrilli.
En otro orden, el senador neuquino refirió a la situación judicial del exvicepresidente Amado Boudou y al respecto se mostró partidario de entablar «apelaciones a nivel internacional». «Habría que buscar la manera de que este fallo sea revisado», subrayó.
Parrilli también cuestionó a la Corte Suprema, que a principios de diciembre pasado rechazó un recurso de queja interpuesto por la defensa del exvicepresidente basándose en el artículo 280 del Código Civil y Comercial, que permite denegar un recurso sin fundar ni dar explicaciones.
Con esa decisión del máximo tribunal no accedió a revisar las irregularidades del expediente denunciadas por la defensa, por lo que quedaron firmes las condenas del caso de la imprenta Ciccone Calcográfica, entre ellas la de Boudou.
«Esta Corte, lo que ha dejado es esto, un fallo arbitrario que se ha convertido en el ejemplo de la mayor arbitrariedad», criticó Parrilli.
Según el legislador del Frente de Todos, el fallo contra el exvicepresidente en el caso Ciccone «tiene que ser revisado».
«El caso de Boudou es la expresión de lo que ha sido el lawfare. Y la Corte tiene una gran responsabilidad en esto», remarcó.
El ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni -al hacer una defensa de Boudou- aseguró -entre otros conceptos- que «la solución inmediata es el indulto» y que, «si no, van a seguir los presos políticos».
«Indultar es reconocer que Boudou fue bien condenado y esta es una condena absolutamente irregular», se diferenció Parrilli en este punto.
Nueva investigación contra Stornelli
Recientemente, la Procuración General abrió una nueva investigación contra el polémico fiscal Carlos Stornelli. Está basada en un pedido del juicio político del senador Oscar Parrilli que reclama su remoción por haber incumplido las obligaciones propias de su función.
La denuncia se apoya en la relación de Stornellli con el falso abogado y espía inorgánico Marcelo Sebastián D’Alessio, y advierte que más allá de si cometió o no delitos lo que se debe evaluar es su actuación como fiscal. Según la misma, a través del vínculo con D’Alessio, se nutría de “informes” que “le reclamaba”, “consentía la realización en su propio interés de cámaras ocultas fuera de cualquier procedimiento regular” y “aceptaba sin ningún cuestionamiento a arrepentidos que eran llevados” por él para declarar luego de hacerlos entrar en pánico para generar maniobras extorsivas.
Nada de esto era una colaboración oficial como parte de algún servicio de inteligencia nacional para una causa judicial pero los “aportes” eran utilizados por la fiscalía, advierte el escrito. La Secretaría Disciplinaria intimó ya a Stornelli para que presente un descargo, según pudo confirmar Página/12 por fuentes cercanas al organismo.
En la Procuración existe desde 2019 un expediente administrativo contra Stornelli que apunta a evaluar su conducta en función de los delitos que se le atribuyen en la causa a cargo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
Por otra parte, la Cámara de Mar del Plata confirmó el procesamiento de Stornelli por dos hechos de espionaje, pero para el órgano que nuclea a las/los fiscales no está firme, ya que irá a la Cámara de Casación Penal.
Por todo lo mencionado anteriormente es que Parrilli subraya que más allá de los delitos, lo que importa es la conducta de Stornelli en su cargo y por eso promueve una nueva acusación y pedido de juicio político, que después de sus explicaciones será analizado por un consejo evaluador de fiscales. Ese cuerpo había decidido abrirle el jury para aplicar la ley de fueros y que compareciera ante los faltazos a la indagatoria durante casi un año y tras la declaración en rebeldía. Apenas enterado Stornelli se presentó a la indagatoria y aquella conclusión quedó sin sustancia. El sumario por la rebeldía terminó sólo en un apercibimiento.
Uno de los puntos del pedido de enjuiciamiento del senador del Frente de Todos señala que el fiscal no podría escudarse en que fue engañado o que no sabía sobre las actividades ilícitas de D’Alessio, como intentó argumentar cierta vez, porque él mismo recibió la denuncia de Pablo Barreiro, ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, quien dijo que se veía “amenazado por D’Alessio y Carlos Liñani” que invocaban el nombre del propio Stornelli para ofrecer le posibilidad de evitar quedar detenido, como su padre, en la causa de los cuadernos. Barreiro, de hecho, era ajeno a esa investigación y terminó sentado en la fiscalía por las advertencias que relató que recibía. Su declaración terminó hecha un bollo en un tacho de basura porque no servía para comprometer a nadie, y nunca se investigó lo que denunciaba.
La nueva denuncia hace hincapié en situaciones que muestran que el fiscal “consentía” irregularidades que le ofrecía D’Alessio, como hacer una cámara oculta con la promesa de presentarla en la fiscalía a través de un “tercero” lo que a la vez implicaba “un claro fórum shopping”.
El pedido de juicio político transcribe algunos de los diálogos entre Stornelli y D’Alessio, para mostrar el tenor de la relación y enfatizar que nunca el fiscal se ocupó de verificar tampoco para quién trabajaba D’Alessio, que se decía vinculado con la DEA, la embajada de Estados Unidos y con la Agencia Federal de Inteligencia también.
“¿Qué puedo hacer?” preguntaba Stornelli sobre Castañón. “Algo peor”, respondía D’Alessio. “Dame una mano”, le dijo otro día Stornelli. “Obvio, yo lo empomo al abogado que te quiso girar (…) Llego y nos vemos afuera. Dejame que haga lo que te imagines sin qué nadie se de cuenta. Las cosas lindas las hago sin que nadie se entere. Contá 100% conmigo…”.
Luego planifican que se encuentran en Pinamar, como efectivamente quedó demostrado al comienzo de la investigación. “Hola Carlos! El martes a qué hora no te parece invasivo para la familia? Así voy a verte a Pina y organizamos lo del abogado hdp que te quiere girar? Yo me adapto!”, y allí fue, con el empresario Pedro Etchebest que luego lo denunció. Sobre el modo en que le llevaba arrepentidos: “Mañana voy a hacer que se arrepienta un actual director de una residual de PDVSA, q sigue operando en el país”, anunciaba D’Alessio, y explicaba que primero lo llevaba a una entrevista con el periodista de Clarín Daniel Santoro y “el lunes te lo siento para tu primer testimonial”.
“El vínculo de Stornelli con D’Alessio no fue circunstancial ni ocasional. Tampoco fue personal o privado. Fue un vínculo a partir de su trabajo como fiscal federal, que se consolidó a partir de un intercambio que incluyó pedidos de información por parte del fiscal, encuentros en la fiscalía y en la playa, mensajes a cualquier hora y diálogos sobre temas diversos que evidencian, cuanto menos, una gravísima irresponsabilidad funcional por parte de Stornelli y, cuanto más, su participación en maniobras extorsivas”, plantea la denuncia.
El juez Ramos Padilla señaló en una de sus resoluciones que entre Stornelli y D’Alessio había más de 100 páginas de conversaciones por mensajes entre principios de diciembre de 2018 y comienzos de febrero de 2019, cuando el segundo fue detenido. Algunos días los chats se extendían durante horas.
La causa penal está casi terminada, sólo falta que revise más procesamientos la Cámara de Mar del Plata, que hasta ahora se movió con notable parsimonia, muy similar a la que aplicó la Procuración y que hasta ahora dio cierta tranquilidad a Stornelli.