Los trabajadores judiciales de Santa Fe llevan a cabo un paro total de 24 horas este jueves, completando una medida de fuerza que inició el miércoles en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. Aunque el Gobierno abonó los retroactivos adeudados, los empleados judiciales decidieron mantener el paro en reclamo de mejores sueldos, ascensos y un cronograma claro de promociones. Además, se oponen a la reforma jubilatoria que sancionó la Legislatura provincial meses atrás.
En Rosario, el paro impacta de manera significativa en los servicios judiciales, generando una jornada de inactividad que afecta a múltiples trámites y procedimientos. Fuentes gremiales señalaron que «no están los decretos prometidos por el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, ante la Fiscal General, María Cecilia Vranicich», lo que refuerza el descontento y la determinación de los trabajadores.
La medida de fuerza se replica en diversas ciudades santafesinas, como Santa Fe capital, Reconquista, San Cristóbal, Tostado y Villa Ocampo. Sin embargo, en Rosario, la medida resuena particularmente fuerte, dada la cantidad de empleados y el volumen de actividad en sus dependencias judiciales, poniendo en evidencia la insatisfacción del sector frente a las promesas incumplidas y los cambios jubilatorios.
Jorge Perlo, secretario general del sindicato, habló en Radio 2: “Vamos a estar en la puerta de los Tribunales cuando se presenten los expedientes de los reclamos administrativos en Gobernación”. Detalló que el motivo principal de esta medida es la falta de claridad sobre la fecha de cobro de los retroactivos, subrayando que los trabajadores se enteraron por la prensa de la firma del decreto de aumento de fondos, pero que aún no se ha confirmado cuándo se hará efectivo.
Perlo criticó también al ministro de Gobierno, Fabián Bastía, a quien acusó de “provocar” a los trabajadores al sugerir que los ascensos en el sector son automáticos y que la Corte habría “retenido fondos” que les correspondían a los empleados. “No es así. Con la Corte podemos tener diferencias, pero jamás se quedó con plata de nuestros salarios. El gobierno deposita, nosotros cobramos, y no tenemos ascensos automáticos. Los trabajadores somos evaluados mediante 20 ítems”, enfatizó Perlo.
La medida de fuerza busca no solo visibilizar el malestar por la falta de avances concretos, sino también asegurar que las autoridades provinciales den respuesta efectiva a las demandas de los trabajadores judiciales.