La decisión es consecuencia directa del fallo dictado el 4 de mayo último por la mayoría de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal donde, ante el planteo de uno de los acusados, se convalidó el criterio de que los supuestos ilícitos están prescriptos
La investigación sobre un centenar de ex militares acusados de torturar a soldados durante la guerra de Malvinas quedó paralizada este lunes, a partir de lo resuelto por la jueza federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Mariel Borruto, quien consideró necesario que las máximas instancias judiciales resuelvan primero si esos delitos deben ser considerados de lesa humanidad y, por lo tanto, no preescriben.
La decisión de Borruto es consecuencia directa del fallo dictado el 4 de mayo último por la mayoría de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal donde, ante el planteo de uno de los acusados, se convalidó el criterio de que los supuestos ilícitos están prescriptos.
El fallo de Casación fue recurrido por la fiscalía y los querellantes ante la Corte Suprema de Justicia, con lo que la jueza fueguina optó ahora por aguardar el trámite que tendrán esas actuaciones antes de continuar con la causa.
Si bien Borruto se había expresado en distintas ocasiones en el sentido de que los estaqueamientos y enterramientos a soldados durante el conflicto bélico constituían delitos de lesa humanidad, reconoció que el estado de incertidumbre existente sobre ese punto le impide proseguir con el caso.
«Estimo que corresponde aguardar a la posible apertura de una instancia casatoria por vía del Recurso Extraordinario Federal», escribió la jueza en la medida conocida hoy y a la que accedió Télam.
En ese sentido, argumentó que la paralización de las pesquisas resulta necesaria para «evitar el dictado de pronunciamientos contradictorios dentro de un mismo proceso -dada la conexidad y acumulación de expedientes- y ante idénticas o análogas situaciones en aras de preservar la igualdad ante la ley y la buena administración de justicia».
En concreto, Borruto suspendió hasta nuevo aviso las declaraciones indagatorias de 15 exmilitares que estaban programadas para llevarse a cabo entre el 8 de junio y el 7 de julio próximos.
Entre el 8 y el 11 de junio estaban citados Aníbal Santiago Cadelago, Emilio Samyn Duco, Francisco Vicek y Jorge Raúl Masiriz, mientras que el 12 iba a ser indagado desde su domicilio y por problemas de salud, Jorge Guillermo Díaz.
En tanto, desde el 16 de junio al 7 de julio debían declarar Luis Alfredo Manzur, Ramón Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín y Ramón Desiderio Leiva.
Además, la jueza «suspendió las deliberaciones» con respecto a la situación procesal de Omar Edgardo Parada, el exgeneral que ya había sido indagado el 21 de abril.
Hasta el momento Borruto dictó el procesamiento de cuatro exintegrantes de las Fuerzas Armadas en febrero de 2020, mientras que semanas atrás, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó tres de esos procesos y dictó la falta de mérito de uno de los acusados.
La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada en 2007 por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes, que recolectó los primeros 25 casos de supuestos tormentos a soldados, incluyendo estaqueamientos y enterramientos por pedir o procurarse alimentos.
En el expediente conviven opiniones encontradas sobre si los hechos formaron parte de un plan sistemático contra los soldados, lo que los clasificaría como delitos de lesa humanidad (por lo tanto imprescriptibles) o si en cambio se trató de sucesos aislados protagonizados por un grupo de militares.