El fiscal Alberto González, de la unidad de Derechos Humanos, comenzó un proceso para determinar lo acontecido
El fiscal Alberto González, de la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de Paraguay, abrió una investigación por los presuntos abusos sufridos por los detenidos en las protestas contra el Gobierno mientras se encontraban bajo custodia policial. Los arrestados, de acuerdo a informaciones del diario Última Hora, habrían sido golpeados y actualmente están siendo sometidos a una serie de exámenes médicos, señala la agencia de noticias Europa Press.
La Fiscalía, en su perfil oficial de Twitter, informó que «Funcionarios de la Unidad Especializada de DDHH están relevando todos los datos sobre las personas detenidas y que fueron heridas o golpeadas por fuerzas policiales». El texto agrega que los afectados declararán ante la Unidad Penal interviniente. «Varios de ellos ya fueron inspeccionados en el hospital de Barrio Obrero y se solicitará informe médico» concluye.
En las últimas semanas se presentaron diversas denuncias sobre presuntos malos tratos y humillaciones por parte de las fuerzas de seguridad contra los detenidos. Efectivos policiales fueron duramente criticados a raíz de los maltratos y humillaciones que sufrieron decenas de manifestantes detenidos en el marco de la fuerte ola de protestas registrada recientemente contra el gobierno de Mario Abdo Benítez por la mala gestión de la pandemia de coronavirus, motivo por el cual, varias organizaciones exigieron investigaciones.
Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) sostienen que «la criminalización como respuesta del Estado ante el ejercicio del derecho a la protesta atenta contra la democracia misma», por lo que rechazan las acciones de los agentes.
Uno de los detenidos la semana pasada, Cristian Servín, contó que fue obligado por la Policía Montada a correr frente a los caballos, con las manos esposadas, lo cual se ve en un video que recorrió las redes sociales. Hace una semana, aparte de Servín, otras 26 personas fueron detenidas tras la masiva manifestación en el centro de Asunción y algunos también denunciaron abusos.
El lunes pasado, también, en Alto Paraná, la Policía usó la fuerza para despejar a manifestantes que cerraron la ruta. Los organismos vincularon la situación a un «abuso de poder» en medio de la ola de protestas.
Por su parte, el Mecanismo Nacional Prevención de la Tortura (MNP) continúa enviando comisionados para documentar las situaciones de posible abuso de la fuerza pública. La entidad recomendó así «dar cumplimiento irrestricto de las normas nacionales e internacionales de garantía de los Derechos Humanos en los procedimientos».