El presidente chileno dijo que muchas de las imágenes que circulan por las redes sociales están “tergiversadas”
El presidente chileno dijo que muchas de las imágenes que circulan por las redes sociales están “tergiversadas”
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró en una entrevista viralizada en las últimas horas, que muchos de los videos que circulan por las redes sociales y dan cuenta de la represión desatada contra el estallido social «son falsos, filmados fuera de Chile o tergiversados» y que su gobierno sufre «una campaña de desinformación que es muy difícil de contrarrestar».
La entrevista emitida por CNN en español a mediados de diciembre circuló profusamente en redes sociales en las últimas horas y desató la respuesta de personalidades políticas del país, entre ellas del ex candidato Alejandro Guillier, quien escribió: «¡Basta, presidente Piñera! Lo único falso es su negativa a reconocer las gravísimas violaciones a los DDHH!».
«Lo lamentable es que Carabineros las seguirá cometiendo mientras usted los siga avalando. Deje de buscar enemigos donde no los hay» agregó Guillier, quien fue candidato de la opositora Nueva Mayoría (NM) en las últimas elecciones, donde con un 45,42% fue derrotado por Piñera que sumó un 54,58% de los votos.
En el reportaje, Piñera había asegurado que existe una «gigantesca» campaña internacional de desinformación destinada a «crear una sensación de desorden y una crisis total» en el país, consultado sobre el estallido desatado el 18 de octubre que se transformó en la peor crisis social desde el regreso a la democracia (1990) y que no tiene un final a la vista.
«La campaña de desinformación, de noticias falsas, de montajes para crear una sensación de un desorden y de una crisis total ha sido gigantesca. En eso han habido, sin duda, participación de gobiernos e instituciones extranjeras» denunció el mandatario en la entrevista.
El dirigente de la mesa de Unidad Social (MSU), Luis Mesina, en tanto, aseguró hoy que con estas declaraciones Piñera «muestra incapacidad para discernir la realidad» pues «solo una persona que no está en su sano juicio, podría sostener algo así».
La MSU reúne a más de 150 organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales y es considerada la interlocutora para el diálogo entre los manifestantes y el gobierno, en el marco de la crisis social que ya significó la renuncia e inhabilitación por 5 años del ex ministro del Interior y alfil presidencial, Andrés Chadwick.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en tanto, dijo hoy que «efectivamente hay mucha información que no es veraz, que es falsa, que circula por redes y medios que no nos damos el tiempo de verificar», y sugirió -en línea con Piñera- «la incidencia de cuentas de redes y actividades digitales que provienen del extranjero, en magnitudes y proporciones importantes».
En el citado reportaje, mandatario recordó que según el informe «Big Data» sobre las protestas, que el Ministerio del Interior le entregó a la Fiscalía y fue conocido el pasado fin de semana, «se ha utilizado las redes sociales para causar desorden y descontrol».
Se trata -argumentó- de causar «más desorden, más manifestaciones, más descontrol, más desobediencia civil», para perjudicar al sistema político chileno, y apuntó a «grupos, en nuestro país, como de narcotraficantes y anarquistas, pero también hay una mano extranjera».
Consultado sobre el origen de estas supuestas noticias falsas, el gobernante aseguró que «vienen muchas de Rusia» y «otros países de Europa Oriental».
Chile vive su crisis más grave de los últimos 30 años con una veintena de muertos, miles de heridos y denuncias por violaciones a los DDHH por parte de organismos internacionales como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Esta semana el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció que el país vive «las más graves y múltiples» violaciones a los derechos humanos desde 1989, año en que se inició el retorno a la democracia y el fin de la dictadura.
Ese organismo público autónomo interpuso un total de 943 denuncias contra las fuerzas de seguridad, de las cuales 750 son por torturas y 134 por violencia sexual (desnudamientos, tocamientos y cuatro violaciones).