Según el fiscal interviniente Franco Carbone, "los ataques fueron instigados desde la cárcel de la localidad de Piñero"
El fiscal que investiga las tres balaceras ocurridas en los últimos días en Rosario y las amenazas al gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, afirmó hoy que los ataques fueron «claramente» una reacción a la decisión oficial de reponer los pabellones destinados a presos de alto perfil y consideró que una de «las principales hipótesis» es que los ataques «fueron instigados desde la cárcel» de la localidad de Piñero, donde se realizaron varias requisas en las últimas horas.
“Esto claramente es una reacción a una puesta en marcha de un cambio en la lógica que ha decidido implementar el Gobierno provincial desde el día uno de su gestión”, sostuvo en rueda de prensa uno de los fiscales del caso, Franco Carbone.
El fiscal, perteneciente a la Unidad de Balaceras de la Fiscalía Regional Rosario, solicitó hoy 47 allanamientos en distintos puntos de la ciudad y la región con el fin de esclarecer las tres balaceras que se registraron ayer, en los que se secuestraron autos de alta gama, dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán enviados a peritar.
“Estamos trabajando distintas líneas pero todas tienen su punto de partida intramuros”, explicó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en relación a la principal hipótesis investigativa, que apunta hacia la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero.
La Justicia investiga tres ataques armados ocurridos entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en esta ciudad santafesina, que tuvieron como objetivos el cajero automático de una sucursal del Banco Macro, el hospital de Emergencias local y una escuela pública.
El mensaje intimidatorio fue dejado por los “gatilleros” en el Hospital de Emergencias, cuyo frente fue baleado, y estaba firmado por “la banda del 9”, en presunta referencia al número de un pabellón de la UP11.
Carbone contó hoy que ayer fueron requisados varios pabellones de esa prisión, entre ellos el número 9, y que en el tercer operativo secuestraron teléfonos celulares y encontraron “un búnker con más de 60 envoltorios de marihuana prensada lista para la venta al menudeo”.
El fiscal dijo que los investigados son “presos de alto perfil, personas que venimos investigando en causas por homicidio calificado, asociación ilícita, personas que tienen condenas por haber baleado edificios judiciales, domicilios de jueces y de funcionarios policiales”.
Si bien no los mencionó, los condenados por esos hechos son parte de la narcobanda “Los Monos”, cuya principal célula es dirigida desde una cárcel federal por Ariel “Guille” Cantero.
“Eso fue lo que nos llevó a realizar -entre otras tareas- los más de 47 allanamientos”, sostuvo Carbone, para agregar que lo que considera más valioso de los procedimientos, que no arrojaron detenidos, es el secuestro de teléfonos móviles.
“Los procedimientos fueron productivos, no buscábamos detenciones concretamente, buscábamos mucha información, y lo más importante en ese sentido son los teléfonos celulares, sobre todo porque fueron secuestrados a personas determinadas”, sostuvo el fiscal.
Los allanamientos se realizaron en domicilios que, en algunos casos, están vinculados a familiares de los presos investigados como presuntos instigadores de las balaceras, dijeron a Télam fuentes de la pesquisa.
En coincidencia, el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, consideró durante la misma rueda de prensa que los ataques “son una reacción a las primeras medidas adoptadas en la cárcel de Piñero, en el sentido de separar a los internos de alto perfil en un pabellón aparte”.
También dijo que los ataques armados están motivados en “el paquete de once proyectos de ley que presentó hoy el ministro de Seguridad y Justicia en Santa Fe”, Pablo Cococcioni.
En ese sentido remarcó: “Sabíamos que iban a ocurrir reacciones, desconocíamos cuáles iban a ser exactamente, pero como dijo el ministro de Seguridad, no nos vamos a apartar ni un milímetro de lo que ya está planificado para normalizar”.
Consultado sobre el hallazgo de lo que el fiscal denominó “un búnker de drogas” en una celda de la UP11, Pereira dijo que “ahora comenzarán las investigaciones internas como en toda institución, que al encontrarse una irregularidad comienzan los sumarios administrativos”.
Los mensaje intimidatorios dejados por sus autores en las balaceras al banco Macro y el hospital de Emergencias, apuntaron al gobernador provincial.
“Pullaro hace caso, el misterio (ministerio) no va a proteger a tu flia, la vamos a encontra. Atte la banda del 9. Pinolandia ATR (sic)», decía uno de ellos.
El otro señalaba: «Pullaro no te metas con el pabellón 9 de Piñeiro, así como matamos a un policía!! te vamos a matar tu flia!! (sic)».
El fiscal Carbone dijo hoy que si bien la principal hipótesis de la investigación apunta a esa cárcel provincial, busca determinar si “los firmantes” de las amenazas son sus verdaderos autores o se trata de un mensaje de distracción, como ocurrió en hechos anteriores.
Particularmente, con el uso de amenazas que rezaban “con la mafia no se jode”, que originalmente fue utilizado por “Los Monos”, pero luego también por hechos ilícitos atribuidos a Alvarado, que buscaba direccionar las pesquisas hacia sus rivales en el mercado de la narcocriminalidad.