A Macri se le imputa haber "ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520
La defensa de Mauricio Macri sostuvo este lunes que «no hay prueba alguna» que vincule al expresidente con el espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan, al apelar su procesamiento y cuestionarlo por ser una «pena anticipada» que «aniquila el estado de inocencia».
«Quedó demostrado que el Sr. Mauricio Macri no tenía relación directa con las tareas propias que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia, ni recibía información de la misma», afirmó el abogado del expresidente, Pablo Lanusse, en el escrito de apelación al que tuvo acceso Télam.
El defensor pidió a la Cámara Federal de Mar del Plata que revoque el procesamiento al criticar por «parcialidad» al juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, a cargo del caso.
El 1 de diciembre último, el magistrado procesó a Macri como presunto «autor» de «realización de acciones de inteligencia prohibidas» y «abuso de autoridad», en virtud de «haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal» en Mar del Plata, sobre los familiares del submarino hundido en 2017.
En su fallo, Bava acusó al exmandatario por «haber posibilitado, generado las condiciones, acumulado información, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520», entre 2017 y 2018.
En la apelación de la defensa se reiteró que «no hay prueba alguna, como se demostró, que el Sr. Mauricio Macri conociera de los supuestos informes, ni que usara sus supuestos contenidos, ni que los ordenara, como enfáticamente lo negó».
Lo resuelto al considerar a Macri como «autor» de los delitos, prohibirle la salida del país y embargarlo por cien millones de pesos el 1 de diciembre pasado es una «pena anticipada» que «aniquila el estado de inocencia», agregó el letrado.
En el escrito se insistió con que Macri «ingresó por la ventana a la causa».
«No se puede atribuir al nombrado ni a título de autor, ni de ningún grado de participación, responsabilidad en los supuestos hechos que se le pretenden atribuir», cuestionó además la defensa.
Al cuestionar al juez Bava, Lanusse sostuvo que «es tan brutal lo escrito que a veces no deja de retumbar en mi cabeza la inquietud de si detrás de todo esto puede existir un inaceptable ghostwriter».
En el escrito se aludió además a una » funcionalidad extra procesal que significó y guionó el ingreso por la ventana del Sr. Mauricio Macri en esta investigación el 1 de octubre de 2021 en pleno proceso electoral».
Bava «avanza con una forzada construcción antojadiza, voluntarista y sesgada de la inexistente responsabilidad del Sr. Mauricio Macri», agregó.
«Cuando un magistrado debe dar explicaciones de sus actos para intentar quitarle la mácula del bochorno y del escándalo de los que nunca se vuelve, es señal y dato objetivo contundente de que se está en presencia de un juez que carece de independencia y de imparcialidad. Esto es lo que ocurre con el Sr. Juez Dr. Martín Bava y su resolución», cuestionó.
Lanusse acusó al juez de «vulnerar el deber de argumentación; por segmentar, fragmentar» la prueba reunida; «por violar los principios de legalidad, personalidad y culpabilidad»
Además, escribió que Bava tendría un «compromiso personal, cognitivo y emocional» que «expone su parcialidad, falta de independencia y prejuzgamiento en perjuicio» de Macri.
También cuestionó el embargo por «desproporcionado» y argumentó que tanto esta decisión como la prohibición de salida del país son una «pena anticipada» que «aniquila el estado de inocencia»
Estas decisiones afectan » el pleno ejercicio de los derechos políticos que como líder de la principal fuerza de oposición despliega a nivel nacional e internacional el Sr. Mauricio Macri», concluyó.
En la causa ya están procesados los exresponsables de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros imputados.
Por otro lado, la defensa de Macri apeló ante la Cámara Federal de Casación un fallo que rechazó apartar a Bava del caso y tiene pendiente de resolución un planteo hecho al juez federal Ariel Lijo en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro para que la causa pase al ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
A Macri se le imputa haber «ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias», entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018.
Las supuestas maniobras de espionaje ilegal habrían consistido en «la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos», según surge de la acusación.
«Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan», según detalló el juez Bava en la resolución que emitió el 1 de octubre cuando convocó al exmandatario a indagatoria.