Por Carlos Duclos
Por Carlos Duclos
Comienza a percibirse, no obstante la crisis que no puede soslayarse, el clima esperanzador de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Pero para algunas familias no son ni serán buenas vivencias las que deberán transcurrir, ni habrá esperanza. Para ellos, serán las más dramáticas festividades de sus vidas. Me refiero puntualmente a las familias de las chiquitas que perdieron la vida en el trágico hecho de la ruta dos (hace pocas horas) y aquellas cuyos hijos están gravemente heridos. Trágico hecho que no puede calificarse de accidente, porque en realidad “accidentes” en el ámbito vial hay muy pocos. Los resultados de colisiones, despistes, vuelcos, heridos y muertes son por lo general el efecto de la ausencia de responsabilidad de las personas y de la ausencia de control y de políticas serias establecidas por el Estado, representado por los gobernantes de turno.
Mientras escribo esta columna de opinión, los medios de prensa y algunos colegas tienen centrada su atención en el chofer del colectivo que se despistó y volcó, Alberto Maldonado, en su responsabilidad y declaración indagatoria. Sin entrar a considerar la responsabilidad de este hombre, ni que esto implique su defensa, es necesario comenzar a abordar la cuestión vial argentina, desordenada hasta más no poder, desde una perspectiva más profunda. Señoras, señores, formulemos algunas preguntas: ¿Qué responsabilidades tienen las empresas de transporte? ¿Obligan a los choferes a tareas más allá de sus posibilidades psicofísicas? ¿Qué responsabilidad tienen los gobernantes? ¿Aplican medidas punitorias de verdad para que quien infrinja las normas pague severamente por su conducta antisocial y desaprensiva?
Basta salir a la calle en cualquier ciudad de este país, para advertir que, si bien hay conductores insensatos que en algunos casos llegan a ser criminales latentes, hay gobiernos cómplices por omisión, porque están sistemáticamente ausentes. Dígase sin vueltas: no hacen nada, dan vergüenza y pareciera que cuando los gobernantes algunas medidas adoptan es por el espurio afán de recaudar. Traicionan los deseos y derechos de la gente buena, trabajadora, que quiere vivir segura, en paz y en una sociedad ordenada.
En las últimas dos décadas en Argentina, murieron en colisiones, despistes, vuelcos y demás hechos viales 189.700 personas. Sí, así como lo lee el lector: 189.700 personas. Podría decirse que varias ciudades fueron arrasadas completamente y muertos violentamente sus habitantes ¿A quién le importa? A los familiares de las víctimas, a las honorables y honrosas organizaciones que luchan por la vida, a las personas que quieren una sociedad mejor, y a nadie más. A los responsables de aplicar políticas de estado en asunto tan delicado, parece que les importa poco y nada, porque las rutas y las calles argentinas son un festival del “vale todo y control nada”.
Ahora, en el marco de este nuevo trágico hecho, sale a la luz que están pensando en que las empresas de transporte, en los tramos de no más de 500 kilómetros, puedan despachar el colectivo con un solo conductor, sin acompañante. Es decir, hay que ahorrar en mano de obra, en trabajadores. Es más importante la plata que la vida en este desorden histórico llamado Argentina.
Y también en esto días, estimado lector, se reflota una triste realidad: la justicia no llega o llega tarde (¿justicia?). Recién después de 13 años de producido otro trágico accidente en la ruta 11 de nuestra provincia, donde murieron nueve chicos del colegio Ecos, una docente y los choferes del colectivo que chocó contra un camión, se va a retomar la causa ¿No es una vergüenza, un verdadero escándalo, un atentado contra todo derecho básico para que una sociedad viva dignamente?