El fallo se dio a conocer horas después de que la justicia civil ordenara la colocación de una tobillera electrónica para el acusado, Irineo Humberto Garzón Martínez. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Balvanera
La Sala I de la Cámara del Crimen ordenó hoy la inmediata detención de Irineo Humberto Garzón Martínez, el comerciante acusado de haber abusado de una joven venezolana de 18 años en un local del barrio porteño de Balvanera, informaron fuentes judiciales.
La resolución fue adoptada, por mayoría, e hizo lugar al pedido del fiscal de cámara Ricardo Sáenz, que mantuvo el criterio sostenido por las fiscales Silvana Russi y Mariela Labozzetta, quienes habían apelado la excarcelación del imputado luego de que la jueza Karina Zucconi le concediera la libertad tras procesarlo.
Los camaristas que votaron a favor de revocar la excarcelación y ordenaron así la detención fueron Pablo Guillermo Lucero y Magdalena Laíño, mientras que su colega Jorge Luis Rimondi, avaló la libertad que había resuelto la jueza de primera instancia.
Lucero y Laíño tuvieron en cuenta el «riesgo de fuga» por la pena en expectativa del delito que se le imputa a Garzón Martínez (35), «la naturaleza violenta del suceso investigado» y «las dudas que recaen sobre su arraigo», ya que dio distintos domicilios.
La detención ahora debe ser ordenada por la jueza Karina Zucconi y podría producirse en las próximas horas en una vivienda de la calle Tandil al 5000, del barrio porteño de Mataderos, donde estaba el acusado.
El fallo se dio a conocer horas después de que la justicia civil ordenara la colocación de una tobillera electrónica para el acusado, como una medida que no estaba directamente vinculada con la causa penal pero que fue dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 8 con la intención de resguardar a la joven de manera cautelar a través del funcionamiento del dispositivo de geoposicionamiento dual, que permite monitorear la ubicación a través de GPS tanto de la víctima como del agresor.
Los voceros agregaron que, en caso de que el agresor transgreda las medidas dispuestas por la Justicia, es decir, si se acerca al radio de seguridad de la damnificada, el sistema emitirá un alerta y se activarán los protocolos para darle aviso a la damnificada y enviar al personal policial más cercano.
Además, el abogado que representa a la víctima, Pablo Baque, confirmó a Télam que la jueza Zucconi, quien resolvió en un primer momento que Garzón Martínez permanezca en libertad, dispuso durante las últimas horas la inhibición general de sus bienes.
El letrado explicó que la decisión se produjo a raíz de un escrito presentado por el defensor del imputado, Osvaldo Cantoro, en el que señalaba que su cliente no podía pagar el embargo de un total de 90.000 pesos que había recaído sobre sus bienes al inicio del procesamiento.
El hecho se registró el pasado 23 de enero, cuando la denunciante fue citada para realizar una entrevista laboral que había coordinado días antes por la red social Facebook, tras lo cual el acusado le pidió cenar el viernes para así «poder hablar sobre el trabajo», propuesta que fue rechazada por la joven, quien finalmente se presentó el sábado por la mañana en el local de la calle Paso 693.
Según el relato de la denunciante, durante la jornada de trabajo el acusado le ofreció varias veces una bebida hasta que finalmente la chica aceptó tomar un vaso de agua, y tras beberlo comenzó a sentirse mareada, por lo que le envió un mensaje a su madre explicándole la situación.
«Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada», expresó la joven en el mensaje que le envió por WhatsApp y agregó la dirección en donde estaba.
Cuando la Policía ingresó al local encontró a la joven en el fondo del comercio y el acusado estaba vistiéndola y poniéndole los pantalones.
Luego, en su declaración, llevada a cabo el lunes pasado, Garzón Martínez negó los cargos ante la Justicia, acusó a la denunciante de mentirosa y dijo que tuvo relaciones consentidas y que ella se le ofreció sexualmente.