Por Diego Añaños
El lunes pasado, 5 de diciembre, se firmó el tan anunciado acuerdo de intercambio de información financiera y tributaria entre la Argentina y los EEUU. Sergio Massa, junto al embajador de los EEUU, Marc Stanley sellaron de este modo, un convenio que permitirá transferir de manera automática la información fiscal entre ambos países. El ministro sostuvo que el acuerdo no tiene como objetivo la persecución, sino avanzar hacia la justicia tributaria. Según sus dichos, el acuerdo firmado en 2017 no sirvió para nada, ya que implicaba un intercambio de información persona a persona y a requerimiento, lo cual hacía el proceso muy lento y engorroso. De hecho durante 2022 sólo se pudo obtener data de 68 ciudadanos. “Este cambio sustantivo es sobre el volumen de la información”, aseguró, “a partir de un protocolo que la AFIP y el IRS van a llevar adelante con rigor técnico y confidencialidad”. El IRS (Internal Revenue Service), es el organismo del gobierno federal de los EEUU encargado de la recaudación fiscal y tiene además a su cargo la responsabilidad de hacer cumplir las leyes tributarias. Massa se mostró muy entusiasmado con el acuerdo, a la vez que recalcó que se busca eficientizar los controles del estado para evitar que los evasores continúen fugando capitales. Paralelamente anunció que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para debatir un blanqueo de capitales.
La nota de color la dieron un grupo de diputados, secundados por economistas y abogados (entre los que se destacan Espert, Torello y Cachanosky), que enviaron una carta a la secretaria del Tesoro de los EEUU, Janet Jellen, para expresar su oposición al acuerdo. Los firmantes, identificados como miembros de la junta directiva de “The 1841 Foundation”, expresaron su preocupación por el hecho de que los EEUU comparta información de las finanzas privadas de personas con depósitos bancarios en el país del norte con las autoridades fiscales de la Argentina. Aseguraron que nuestro país tiene una larga tradición en la violación de los derechos de privacidad de sus ciudadanos, a la vez que hicieron énfasis en la falta de integridad moral del gobierno de Alberto Fernández a la hora de oficiar como “socio de confianza en el manejo de información sensible”. Lo absolutamente delirante de la carta es que opone el derecho a la privacidad como derecho humano a (sic) los intereses de un gobierno. Honestamente, es difícil responder en tono socialdemócrata a tamaña monstruosidad. A ver, por un lado está claro que intercambiar información sobre evasores no viola ningún derecho humano. La mera pretensión es aberrante. Pero por otro lado, y estoy convencido de que absolutamente adrede, los firmantes confunden el interés de un gobierno con el interés de un Estado. Que aquellos que fugaron divisas a paraísos fiscales paguen sus impuestos no es interés del gobierno del Frente de Todos, sino del Estado Argentino. Pero claro, para estos personajes el Estado no existe.
Pero ¿qué es la “The 1841 Foundation”? Página 12 dice que se trata de una entidad que nuclea a abogados y gente que maneja capitales en el exterior. Pero, no pude con mi curiosidad, y estuve navegando un rato el sitio oficial de la organización. Ahí me encontré con el famoso About us (sobre o acerca de nosotros), y en apartado Our Philosophy (nuestra Filosofía), me encontré con lo siguiente (traducción rápida y seguramente imperfecta). “La fundación 1841 se formó para preservar lo que pensamos que son un conjunto de derechos fundamentales que los gobiernos progresistas deben proteger. El derecho a no tener impuestos innecesarios y excesivos. El derecho a quejarse de los estados y países que fallan en proteger la privacidad individual o los derechos de propiedad. Los derechos de gobiernos a proteger y promocionar impuestos bajos o neutrales”. En síntesis, una asociación ilícita que tiene como objetivo proteger la propiedad privada de los individuos, aún cuando protegerla implique violar el bien común.
Finalmente, el Banco Central, por su parte, continúa en su racha compradora. En las primeras dos semanas de vigencia del Plan de Incremento Exportador II el campo liquidó U$S1.600 millones, algo más de la mitad de los U$S3.000 millones que las exportadoras se habían comprometido a ingresar al momento de la firma del acuerdo con el gobierno nacional. Del total liquidado, y luego de restar las ventas realizadas en el spot, el Banco Central acumuló un saldo positivo de U$S693 en las primeras ocho ruedas de la operatoria. El volumen de negocios osciló entre las 250.000 y las 400.000 toneladas diarias, mientras que antes de la implementación de la medida era de entre 60.000 y 70.000 toneladas. Dado que el grano remanente está en manos de productores con mayor espalda, es normal que el ritmo de liquidación sea menor al observado durante la vigencia del Dólar Soja I, durante el mes de septiembre. Sin embargo, el flujo de ventas por parte de los productores se aceleró notablemente con respecto a los meses de octubre y noviembre, por lo que el gobierno se mostró satisfecho con los resultados obtenidos hasta el momento.