Por Leo Ricciardino
Por Leo Ricciardino
Si bien es cierto lo que dice el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que “sin la ayuda del Estado en todo este tiempo la pobreza hubiera llegado al 51%”, para nada actúa como consuelo de una realidad que no sólo duele sino que interroga a toda la dirigencia política del país y, hay que decirlo, también a la sociedad en su conjunto.
Con este 42% de pobreza, como dijo la vicepresidenta Cristina Kirchner en su discurso del 24 de marzo pasado; sin un amplio acuerdo entre los distintos sectores políticos por el bimonetarismo en la economía argentina y por el fenómeno inflacionario “este país va a ser cada vez más difícil de gobernar si no imposible”. Y la sentencia es adecuada porque según los expertos de la Universidad Católica Argentina (UCA) que se han ganado un nombre y un prestigio en la materia; el derrumbe del poder adquisitivo por la inflación explica mucho más esta cifra vergonzosa de pobres argentinos que la propia pandemia.
No sólo eso, además hay que revisar que desde que los índices de pobreza en el país empezaron a crecer, no hubo una sola gestión que fuerza capaz de hacerlos retroceder. Aumentan en millones y no se vuelve atrás, las políticas públicas de gobiernos que ponen centro en el accionar del Estado y en la inclusión más amplia posible -como lo hace la gestión actual- sólo alcanza a instalar paliativos importantes para evitar que la catástrofe sea peor, como dijo Arroyo, pero no logra revertir la situación. Es obvio que la pandemia no ayuda, pero no hay que confundirse, el mal es estructural y tiene que ver con el tamaño de nuestra economía y con la redistribución. Con o sin Covid.
Lo primero que hay que hacer es dejar de engañarse: Argentina no produce alimentos para 400 millones de personas con sólo 44 millones de habitantes. El país produce materias primas, commodities no alimentos que es muy distinto. El valor agregado a la producción primaria es cada vez menor por razones internacionales. Los países importadores se reservan para ellos la elaboración, el agregado de valor.
La producción agrícola nacional es muy importante para el ingreso de divisas pero sólo explica un 35% de la economía. El resto lo representa el mercado interno del que viven más del 65% de los argentinos.
Como siempre la resolución del tema es política más que económica y afortunadamente hoy hay un ministro de Economía que entiende eso, además de ser un técnico -esta vez sí, de ligas superiores-. En efecto, Martín Guzmán adelantó que piensa usar los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional para abultar las
reservas y así mantener la actual calma cambiaria. Son casi 4.400 millones de dólares que apuntan claramente a una parte de la agenda que puso sobre la mesa la vicepresidenta: tratar de ir amortiguando los problemas que la dependencia excesiva del dólar le genera a la economía nacional.
Mientras tanto, el resto de la dirigencia discute asuntos que deberían resolver los formoseños con su gobernador Gildo Insfrán y si Mendoza y Córdoba se separarán de Argentina alguna vez. Y, por su puesto, todos los días las novedades judiciales que pueda haber en torno de la vicepresidenta.