Por Diego Añaños
Como indica la tradición, el pasado 1° de marzo al mediodía, Alberto Fernández pronunció su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Fue un discurso largo, complejo, y que abarcó prácticamente todos los temas imaginables. Digo casi todos, porque algunos nos quedamos a la expectativa de escuchar alguna mención concreta a una reforma de la procesista Ley de Entidades Financieras y una reforma impositiva. Por lo demás, Fernández abordó detalladamente virtualmente todos los aspectos que hacen a la realidad nacional.
Habló poco del pasado, pero fue muy claro al referirse a cuestiones muy puntuales. En primer lugar, el inclaudicable compromiso del Estado Argentino con la memoria, la verdad y la justicia. También se refirió a la pesada carga que implica la deuda heredada del gobierno anterior cuando afirmó: “El año pasado, a través del Decreto 8/2021 instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”. Fue, sin dudas el pasaje más vibrante de su discurso, y el momento en el que los legisladores del PRO, no los de Juntos por el Cambio, los del PRO, se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto. Un acto sin precedentes en la historia legislativa nacional. Sólo para pensar: cómo imaginan que hubieran titulado los medios nacionales si la cosa hubiera sido al revés? Seguramente alguno haciendo referencia a la falta de cultura política de la oposición. Otro, sin dudas diría: “Se partió el bloque opositor”. En fin, es parte del juego.
Fernández también habló de los logros económicos. Hizo hincapié en el fuerte incremento de la obra pública, el crecimiento de la industria (que ya se ubica un 7% por encima de 2019), de la producción de alimentos en general, y de la producción agrícola en particular. La fuerte evolución de la participación PYME, las políticas de desarrollo de parques industriales, el impulso de la construcción, la recuperación de las actividades petroleras y mineras. Puso especial énfasis al repunte de las exportaciones, que registraron el mayor valor desde 2012, impulsadas por el crecimiento de los precios y también de los volúmenes exportados. Destacó finalmente que ya se contabilizan 17 meses ininterrumpidos de crecimiento de la recaudación fiscal, neta de inflación.
Como era previsible, dedicó un capítulo especial al acuerdo con el FMI, un acuerdo que, afirmó, todavía no está totalmente cerrado. Aseguró que no habrá reforma previsional ni reforma laboral, ya que, sostuvo que se iban a ordenar las cuentas públicas sin condicionar la justicia social, porque la justicia social no es prenda de negociación.
Prometió que el acuerdo no implicará más ajuste, por lo que no deben esperarse tarifazos. El presidente de comprometió a segmentar los subsidios de modo de que no los reciban aquellos que no los necesitan. Según afirmó, los aumentos tarifarios estarán por debajo del coeficiente de variación salarial, de modo de no comprometer la recomposición de los ingresos en términos reales.
Fernández propuso cuatro objetivos, que calificó de realistas, para los próximos años: crear 200.000 puestos de trabajo de calidad en el sector privado, poner en marcha 10.000 nuevas empresas, reducir la inflación de modo sostenido y paulatino y superar los U$S100.000 millones de exportaciones. Paralelamente trazó algunos ejes de la política económica futura, basados en una industrialización verde, una transición ecológica justa, fortaleciendo la economía de la salud (que garantice el autoabastecimiento de los insumos básicos), una economía de la defensa que, a través del Fondo Nacional de la Defensa, permita la fabricación de radares, buques, drones, indumentaria militar y satélites. Afirmó que es preciso modernizar los sectores tradicionales de la economía, y trabajar para la digitalización del aparato productivo.
Finalmente, solicitó al Congreso que acompañe la agenda legislativas del Ejecutivo, que incluyen: una Ley de cultivo de Cannabis, una Ley de Inversiones Automotrices, una Ley de Electromovilidad, una nueva Ley Agro-Bio-Industrial, una ley de Compre Argentino, una ley de Desarrollo Hidrocarburífero, una ley de Nanobiotecnología, una ley que regule la producción de Hidrógeno y una Ley para la creación de un sistema nacional de calidad.