Por Diego Añaños - CLG
Por Diego Añaños – CLG
Javier Milei sostiene que su gobierno es el primer experimento libertario, tal vez del mundo, seguro de la Argentina. Lo hace apoyándose en el hecho de que él mismo se autodefine como tal. Digamos, osea, el razonamiento es el siguiente: si gobierna un liberal libertario, el gobierno será liberal libertario. En sí parece una perogrullada, pero en realidad oculta una gran falacia. Es decir, lo que define el perfil de un gobierno no son las afinidades ideológicas declamadas por su presidente, sino sus actos de gobierno. Ninguno de nosotros está en condiciones de discutir con nadie acerca de su propia autopercepción. Si el Javo se percibe liberal libertario, será eso. Ahora, para ser honestos, cuesta encontrar incluso rastros de liberalismo en esta gestión. Digo, es un gobierno que regula buena parte de las variables fundamentales de la economía. Y enumero: controla el valor del tipo de cambio, regula el mercado cambiario a través del cepo, controla las paritarias, regula los precios de los servicios públicos, controla el proceso de formación de precios de las empresas privadas a través de aprietes llevados adelante por el mismísimo ministro de economía, aumenta impuestos, controla el comercio exterior, etc. Si un finlandés, o un malayo, no importa, cayera mañana a la Argentina y leyera los diarios, estaría seguro de que gobierna un dirigista.
No es que yo sea el dueño del liberalómetro, pero la gestión de LLA es una montaña de contradicciones, y las inconsistencias son legión. Además, y paralelamente a lo dicho, el presidente muestra una lectura extremadamente selectiva de la Constitución Nacional. Por ejemplo, conoce a la perfección un tramo del artículo 14, que es el que dice que todos los habitantes de la Nación tienen derecho a: “entrar, permanecer, transitar, y salir del territorio argentino”. Por lo que, ante la más mínima violación de esos derechos, el Ministerio de Seguridad procede a reprimir de manera feroz. Y además lo hace sin ponerse colorado. Como sostuvo ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa: “no hay que tenerle miedo a la represión”. Ahora, se ve que se le quemó la otra parte de la Constitución, porque al artículo 14 bis no lo leyó ni Milei, ni Adorni, ni Caputo, ni Sturzenegger. Y como si eso fuera poco, al mismo tiempo que le aumentan obscenamente los fondos reservados (esto es, sin control) a los servicios de inteligencia, intentan, a través de un decreto, restringir el acceso a la información pública. Más casta no se consigue.
Nada parece importar para la opinión pública, ni deteriorar la imagen presidencial, que mantiene aún altos niveles de aprobación. Al menos por ahora, vale decirlo. El gobierno continúa enarbolando la bandera del triunfo en la lucha contra la inflación, y eso, junto a la promesa de que “no vuelven más”, mantiene las aguas calmas. Sin embargo, las luces amarillas titilan cada vez con más insistencia en el tablero de control del Ministerio de Economía. Desde el fuerte descenso del índice de inflación registrado entre los meses de abril y mayo (pasamos de un 8,8% a un 4,2%), la inflación parece haberse estabilizado en la zona de confort del 4%, ya que fue un 4,6% en junio, un 4% en julio y se espera que esté rondando esa cifra en agosto (las consultoras hablan de un estimado de entre un 3,8% y un 4,4%). La profunda recesión parece ir perdiendo fuerza en su papel de matafuegos inflacionario, y el ministro Caputo ya percibe que no puede seguir confiando en matar la actividad para matar las subas de precios. Por otro lado, el intento de utilizar el crawling peg del 2% mensual para hacer converger la inflación al ritmo devaluatorio del tipo de cambio oficial, se reveló, una vez más en la historia económica argentina, como un instrumento insuficiente para alinear las expectativas de los agentes económicos con las del gobierno.
Está de más decir que ante un fracaso anticipado, los principios ya mansillados de la libertad, van dando pasa a un Estado cada vez más comprometido con la regulación. Eso sí, una regulación que oprime a los trabajadores, mientras promete, como lo hizo el presidente el lunes pasado en su discurso en la UIA, achicar el Estado para llenarles los bolsillos a los empresarios. En síntesis, un diseño de política económica que responde mucho más fielmente al modelo de una restauración neo-conservadora, que a las fantasías libertarias del despeinado presidente. De este modo, y dado que el gobierno se va quedando sin herramientas, se recurre una vez más a meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, como si jamás en la vida hubieran prometido que el ajuste lo iba a pagar la casta. En un último manotazo de ahogado, se comunicó a todos los gremios con los que el gobierno discute salarios como empleador, que es una decisión tomada no otorgar más aumentos en lo que resta del año. Ah, y para los que crean que los vagos de los empleados públicos se merecen el castigo, les aviso: el gobierno planea que este mismo esquema salarial se generalice para todos los trabajadores de la actividad privada. A ver si de una vez por todas le bajan la presión a los precios, porque parece que algún populista los convenció de que tenían derecho a comer cuatro veces por día.