Por Diego Añaños - CLG
Por Diego Añaños – CLG
La que pasó fue una de las semanas más intensas del año en el Congreso Nacional. En el Senado comenzó la discusión de una Reforma Laboral. Si bien existe un relativo consenso con respecto a su necesidad, está muy lejos de reunir los acuerdos necesarios para su aprobación. Tanto es así que el Ejecutivo decidió postergar su tratamiento para el mes de febrero, presionado por la falta de votos y la masiva movilización de las organizaciones de los trabajadores. Pero sin dudas la verdadera batalla estuvo en Diputados. La Cámara Baja dio media sanción en general al proyecto de Presupuesto, como se preveía que sucediera, pero el gobierno sufrió una impactante derrota cuando naufragó su estrategia de votación por capítulos (y no por artículos), destinada a derogar las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad. En efecto, a la hora de la votación en particular se rechazó el capítulo XI completo, que además incluía una cláusula vinculada a la coparticipación de la CABA, el financiamiento del Poder Judicial, la eliminación del régimen de zonas frías, ponía fin a la movilidad del régimen de asignaciones familiares y prorrogaba la emergencia pediátrica. No fueron suficientes los casi 70.000 millones de pesos repartidos en concepto de ATN a algunas provincias para comprar voluntades, y el Ejecutivo quedó frente a una compleja situación de cara a la votación en el Senado. El día viernes la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta aprobó en su dictamen el proyecto proveniente de Diputados sin introducirle cambios, con la expectativa de llevarlo al pleno el jueves 26. Estará Milei dispuesto a llegar tan lejos como para vetar el presupuesto si es aprobado como salió de la Cámara Baja?
Desde esta columna sostenemos una postura, independientemente del color del color del partido gobernante: es deseable que los Ejecutivos cuenten con un Presupuesto para gestionar. Es deseable desde un punto de vista político, porque más allá de los debates y las modificaciones que puedan ocurrir durante su discusión, es parte del juego democrático otorgarle al oficialismo la herramienta fundamental de gestión de los recursos públicos. Es también deseable desde el punto de vista republicano, porque el presupuesto establece una hoja de ruta para la administración, que ofrece un marco de controles al manejo de los fondos, y evita la discrecionalidad propia que habilita el hecho de gobernar con una prórroga del presupuesto del año anterior. De ese modo, que el gobierno envíe su proyecto al Congreso para su aprobación, da cuenta del reconocimiento de la autoridad de las Cámaras en el proceso de legitimación de la Ley de Leyes. Ahora, lo paradójico, es que en el mismo momento en que Javier Milei se somete a la visa del Poder Legislativo, desconoce su potestad al incluir en su proyecto la derogación de las Leyes de Financiamiento Universitario, de Emergencia en Discapacidad y de Emergencia Pediátrica. Porque, si bien es cierto que el presidente deriva su legitimidad del hecho de haber sido electo en elecciones libres, abiertas y competitivas, no es menos cierto que la composición del Congreso reconoce el mismo origen. En fin, nada que asombre en una gestión que es un océano de contradicciones. Afortunadamente, ya es cosa juzgada, al menos en la Cámara de Diputados.
Dicen que el miedo no es sonso, y el gobierno está sintiendo el frío en la espalda. Desde las Fuerzas del Cielo tienen, al menos, dos cosas claras. La primera es que el efecto euforia de las elecciones del 26 de octubre no va a durar para siempre. Invariablemente la espuma de la victoria termina por desaparecer en algún momento (si no, pregúntenle a Mauricio Macri, que ganó las legislativas de medio término a fines de octubre de 2017, y a comienzos de 2018 tuvo que salir desesperadamente a buscar el salvataje del FMI). La cuestión es que el salvataje a Javier Milei ya ocurrió, y la bala de plata ya se usó con la compra de pesos y el swap de los EEUU. Es decir, Donald Trump ya jugó sus cartas y no es esperable que siga financiando el experimento libertario. Por otro lado, y por alguna razón que escapa a nuestro conocimiento, la relación con Washington se ha ido enfriando en las últimas semanas. Es probable que esto explique, en buena medida, la decisión del gobierno de implementar un nuevo cambio en la política cambiaria, abandonando el esquema de bandas al más/menos 1% mensual, por un ajuste de la cotización del dólar oficial al ritmo de la última medición de la inflación del INDEC a partir del 1° de enero de 2026.
Ante la complicación del frente financiero externo el gobierno ensayó un intento de vuelta a los mercados la semana pasada. En un nuevo capítulo de las bravuconadas de Luis Caputo, el Tesoro ofreció una serie de bonos para fondearse en el mercado interno, ante la sequía declarada en los mercados globales. La Argentina necesita conseguir los U$S4.200 millones para hacer frente al vencimiento de enero del año que viene. Desde el equipo económico, no sólo descartaban que iba a ser un paseo, sino que especulaban con poder conseguir una tasa de alrededor del 6,5%. Pero chocaron de frente con la realidad. Solamente consiguieron alrededor de U$S900 millones, y además tuvieron que pagar una tasa del 9,26%. El cimbronazo fue fuerte, y el gobierno no tuvo más que meter violín en bolsa y cambiar nuevamente el libreto. Hace apenas dos semanas el presidente le explicaba a un grupo de empresarios las bondades del esquema cambiario de bandas, a la vez que aseguraba que acumular reservas en este contexto no sólo no era necesario, sino que además induciría presiones inflacionarias. Cito las palabras del propio Javier Milei en su exposición: “Si los intereses los pago con el equilibrio fiscal y la deuda me la rollea el mercado, para qué necesito reservas?”. Pues bien, ahora ajustamos el tipo de cambio por inflación, y nos comprometemos a acumular entre U$S10.000 y U$S17.000 millones. Como decíamos hace un rato, una contradicción tras otra en el prontuario de un gobierno que no le encuentra el agujero al mate.