Por Diego Añaños - CLG
Por Diego Añaños – CLG
Parece que, después de tanto martillar desde estas columnas sobre la necesidad de prestar atención a la situación de los trabajadores no registrados, el gobierno se decidió a tomar el toro por las astas. Hasta el momento, parecía que la doctrina peronista había cambiado, y la columna vertebral del Movimiento ya no eran los trabajadores, sino sólo los trabajadores registrados. Sin embargo, el martes por la tarde el ministro, junto a la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron oficialmente la medida y explicaron los detalles de su implementación. La misma abarca a trabajadores informales de entre 18 y 64 años, que no perciban ingresos registrados ni sean beneficiarios de ningún tipo de asistencia económica estatal (como la AUH, becas Progresar o el programa Potenciar Trabajo). El pago del bono de $94.000 se realizará en dos cuotas de $47.000 en octubre y noviembre. La inscripción se realizará exclusivamente a través de la página de la ANSES y permanecerá abierta durante todo el mes de octubre.
Massa sostuvo que, con el objetivo de no sobrecargar las cuentas fiscales, la medida se financiará a través de un anticipo extraordinario de ganancias a (y leo textual): “aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el FMI, centralmente bancos, compañías financieras, y compañías de seguros que serán notificadas en el día de mañana por la AFIP”. Fin de la cita. Aunque daría toda la sensación de que algunas metas cuantitativas se están relajando en medio del proceso electoral, está claro que al gobierno no le sobra un peso, y no tiene tanto margen para exceder los límites impuestos por las revisiones del FMI, por lo que le urgía encontrar un mecanismo de financiamiento que no presionara sobre el déficit fiscal primario. No tenemos que perder de vista que en noviembre se viene una nueva revisión del Fondo y, si bien no es probable que se impongan sanciones ante un incumplimiento parcial, Massa es consciente de que tampoco es recomendable tensar tanto la cuerda.
Como era de esperarse la noticia no cayó bien el aquellos sectores que se sintieron perjudicados. Y, como no podía ser de otra manera, desde los medios de la prensa opositora se abrió fuego de metralla sobre el gobierno nacional. No sólo acusaron al gobierno de expandir electoralmente y sin control el gasto público, sino que además destacaron las inconsistencias formales de los mecanismos de comunicación. Los economistas opositores consultados, afirmaron que la batería de anuncios del gobierno son meros parches electorales que surgen de la gran improvisación reinante y que sólo intentan amortiguar las consecuencias de una devaluación no programada. “Sin plan, sin reservas ni credibilidad y tras perder una elección”, sostuvo Amílcar Collante, del Centro de Estudios de Sur.
Es una medida que venimos reclamando desde hace un tiempo, dado que nadie parecía hablarle al sector más vulnerable de la población argentina. No es ninguna genialidad, aclaro por si alguno cree que estamos tratando de vender humo. Es puro sentido común. No se podía entender cómo se tomaban tantas medidas destinadas a la clase media, e incluso clase media alta (piensen ustedes cuántos amigos conocen que ganen entre $700.000 y $1.700.000), y no apareciera ninguna respuesta para los sectores más postergados. Con esta última decisión el gobierno cubre todo el espectro socio-económico, en un contexto donde las necesidades se expanden al ritmo de la inflación y los tiempos se acortan a la velocidad de la luz, apremiados por la vorágine que imponen las elecciones. Cuál será finalmente el impacto electoral de las medidas es hoy todavía un enigma, pero no había modo de no tomarlas.
La noticia fuerte de la semana es sin dudas el número de la pobreza. Según los datos publicados ayer por el Indec el primer semestre de 2023 cerró con un índice de pobreza de 40,1%, un crecimiento de casi un 1% con respecto al 39,2% con que había cerrado el segundo semestre del 2022. Sin embargo, si comparamos ambos primeros semestres, el índice registrado en 2022 fue de un 36,5%, por lo que el aumento es notable. El índice de indigencia, por su parte, se ubicó en el 9,3%, más de un punto porcentual por encima del 8,1% del segundo semestre del año pasado. Los más golpeados son los menores, ya que el 56,2% de los niños de hasta 14 años son pobres y el 13,6% son indigentes. Si pasamos las cifras a números absolutos estamos diciendo que hay casi 18 millones y medio de personas por debajo de la línea de pobreza en la Argentina y que 4,2 millones de esos 18 millones y medio son indigentes.
La noticia no debería sorprender a nadie, dado el marcado deterioro de las variables macro a raíz de la aceleración de la inflación. Sobre fines de abril de este año, decíamos en esta misma columna que la próxima medición de la pobreza seguramente iba a dar cuenta de los efectos que tal deterioro tendría sobre los indicadores de pobreza, y así fue. Si bien las cifras de empleo han mejorado, está claro que no alcanza. En un mercado de trabajo con estos niveles informalidad, y en un contexto de alta inflación, no hay modo de evitar que la pobreza crezca. Sería interesante estar discutiendo en los medios estas cuestiones, antes de darle aire y espacio a la dolarización y otros delirios, que forman parte de la agenda que una patrulla perdida del liberalismo nos quiere imponer.