Por Diego Añaños - CLG
Por Diego Añaños – CLG
El acuerdo comercial con los EEUU sigue siendo un misterio. De hecho el gobierno todavía no ha salido a festejar el triunfo, como nos tiene acostumbrados. Hasta el momento, sólo disponemos de un comunicado oficial UNILATERAL de la Embajada de los EEUU del jueves 13 de noviembre, en el que el gobierno norteamericano anuncia un acuerdo marco que busca (y leo textual) “profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión”. Según el mismo, el objetivo del acuerdo es (nuevamente leo textual) “impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación”. A renglón seguido enumera y desarrolla brevemente, y en términos muy genéricos, los elementos claves que incluirá el acuerdo, que son, a saber: aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de conformidad, propiedad intelectual, acceso al mercado agrícola, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, consideraciones y oportunidades comerciales, empresas estatales y subsidios y comercio digital. Son en total dieciséis puntos. De acuerdo a las declaraciones de Martín Redrado en el Cronista de la semana pasada, la Argentina cede mercados en doce de los dieciséis ítems. Si alguien todavía se preguntaba cuándo venía la factura del préstamo del FMI, del swap de monedas y del rescate pre-electoral, acá está. Por otro lado, es muy difícil de imaginar la firma de un acuerdo comercial equilibrado cuando no sólo existen profundas asimetrías relativas entre ambas naciones, sino que además se da entre dos países con estructuras productivas que compiten entre sí, es decir, no son complementarias (como podría ser el caso de Argentina y China).
En términos financieros, el gobierno tuvo una semana con contraluces. Sin grandes movimientos inesperados en bonos y acciones, el dólar se mantuvo calmo alrededor de los $1.450, sin sobresaltos. El resultado de las elecciones del 26 de octubre llevó un poco de paz a los mercados y el equipo económico respira aliviado, luego de varios meses tensiones constantes. Donde la cosa no parece terminar de acomodarse es en el Riesgo País. Luego de un empinado descenso en las últimas semanas, la prima de riesgo argentino parece haberse ubicado algo por encima de la zona de los 650 puntos y no da señales de otro rally bajista. Es un número que no le gusta al gobierno, no sólo porque le pone una barrera infranqueable al retorno al mercado voluntario de capitales, sino porque está por encima del promedio de la gestión Macri, e incluso supera al promedio del último año de la gestión de Cristina Fernández. Además, se sitúa muy por encima de otros países de la región como Brasil (199), Perú (125) o Uruguay (69). Seguramente la decisión del JP Morgan, el Bank of America y el Citygroup de suspender el rescate de U$S20.000 para la recompra de deuda por falta de garantías, impactó negativamente en la calificación de la deuda argentina. Luego del fracaso del primer programa, trascendió que se está trabajando en un Repo de aproximadamente U$S 5.000, destinados a garantizar el vencimiento de U$S4.200 del mes de enero de 2026.
Pero claro, además de las finanzas existe la economía real, y ahí nuevamente la situación no es la misma. El consumo masivo sigue sin poder recuperarse. Si bien se registró una pequeña mejora intermensual en octubre, la medición interanual registró una caída del 2,3%. La aceleración inflacionaria, así como el retraso de los salarios reales, marca una caída constante del poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores. La crisis se evidencia con toda su crudeza en un contexto donde las cadenas de supermercados cierras sucursales y reducen personal, los mayoristas ofrecen descuentos extremos para atraer consumidores y las marcas líderes registran balances negativos. Sólo por citar dos ejemplos, en los últimos días Molinos Río de la Plata informó fuertes caídas en las ventas, mientras que Arcor no sólo dio a conocer un descenso del 10% de sus ventas, sino que paralelamente mostró un derrumbe de la facturación del 22%. Según un reciente informe del CEPA, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, se perdieron 276.624 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 2,8% del empleo formal (y equivale a 432 puestos menos por día desde el inicio de la gestión). En el mismo período, el número de empresas con personal registrado cayó de 512.357 a 493.193, es decir, casi 30.000 empresas menos (que equivale a casi 30 cierres diarios).
Para ir cerrando. Más allá de que desde el equipo económico afirman que la economía ya está en proceso de recuperación, la realidad marca que al margen del repunte de algunos sectores muy puntuales, la actividad económica sigue muy por debajo de su potencial, incluso en algunos sectores está por debajo de los niveles de la pandemia. El gobierno adjudica el problema de la falta de competitividad argentina a la baja eficiencia productiva, asociada a un costo laboral excesivo. En ese marco, todos los cañones apuntan a negociar en el Congreso con los bloques de la oposición con peluca, una reforma laboral. Independientemente de las opiniones con respecto a los valores que tutelan los derechos de los trabajadores, y que consideramos valiosos, la miopía del oficialismo merece un par de consideraciones. La primera es asociar la competitividad exclusivamente al precio, lo cual es de un reduccionismo intolerable en el siglo XXI. La segunda es suponer que limitar los recortes a un ítem particular de los costos (el costo laboral), permitirá elevar los niveles de eficiencia e incentivará a la inversión. Nada más lejos de la evidencia empírica, que sostiene que una reforma laboral que cercena derechos, no sólo no fomentó jamás la inversión, sino que además produjo una profunda redistribución del ingreso, pero en términos regresivos. Es decir, una brutal transferencia de ingresos de los trabajadores a favor de las empresas.