Por Diego Añaños
Por Diego Añaños
El jueves último fue un día de respiro para el Banco Central, ya que, luego de un largo rally vendedor (la cuarta peor racha de la era Fernández), volvió a cerrar una rueda con saldo positivo. El número es mínimo, U$S 3 millones, lo que configura menos del 1% de lo operado durante la jornada, pero no deja de ser una alivio. Un alivio simbólico, pero alivio al fin, luego de perder casi U$S1.380 millones en los últimos 35 días. La cifra es muy importante, dado el contexto de vacas flacas que atraviesan las reservas del Central por estos días, sin embargo, siempre vale recordar la historia reciente para analizar las cifras en perspectiva. A fines de abril de 2018, bajo la presidencia de Federico Sturzenegger, la autoridad monetaria vendió U$S1.470 millones en un solo día. Sólo un dato de color, pero una gran ayuda para seguir haciendo el ejercicio de la sana memoria. La cuestión es que hoy las reservas del Central están por el piso, y la entidad no puede permitirse que la sangría continúe. Para complicar un poco más las cuentas, Sergio Massa está llevando adelante un proceso de rescate de bonos por U$S1.000 millones. De hecho algunos analistas ya dan por descontado el hecho de que el Gobierno deberá solicitar un waiver al FMI ante el hecho de no poder cumplir con la meta de acumulación de reservas en el primer trimestre de 2023. En ese sentido, se espera que en breve el gobierno active las neuronas, para intentar estabilizar la situación y llegar a la próxima auditoría del Fondo en mejores condiciones. Hasta el momento se barajan dos posibilidades. La primera es reeditar el programa Dólar Soja, sería algo así como un Dólar Soja 3. La segunda sería obtener el reconocimiento del impacto de la crisis energética por efecto de la guerra en Ucrania sobre las reservas del Central por parte del FMI, de modo de flexibilizar las metas cuantitativas de acumulación de reservas.
A comienzos del mes, llegó a Buenos Aires la misión del Fondo para discutir la última revisión trimestral del acuerdo. Las conversaciones habían comenzado por la vía virtual hace algunas semanas y daría toda la impresión de que no habrá problemas para pasar la auditoría. Las metas cuantitativas pactadas fueron alcanzadas, incluso algunas con margen. Es decir, tanto el déficit fiscal, como la asistencia del Banco Central al Tesoro y la acumulación de reservas del Banco Central, estuvieron dentro de los parámetros previstos en el acuerdo. Sólo se espera que en informe técnico haya alguna referencia a la preocupación por parte del FMI por la multiplicidad de tipos de cambio. Por su parte, la misión argentina, encabezada por Gabriel Rubinstein, ya se encuentra en Washington con el objetivo de dar por terminado el proceso de revisión, y de este modo dar por cerrado el ejercicio 2022. A su vez, esto habilitará la liberación de un desembolso de U$S5.400 millones por parte del organismo multilateral de crédito. Se espera que el encuentro con sus pares del FMI se produzca este viernes.
El gobierno tiene hoy dos frentes abiertos, al margen, claro, del escenario electoral. En el plano externo es el acuerdo con el Fondo. No hay dudas de que el cumplimiento de las metas establecidas está en el tope de las preocupaciones del equipo económico. En el plano interno es la inflación. Enero no trajo buenas noticias, y es poco probable que febrero las traiga. Evidentemente Sergio Massa está trabajando en el límite de su frontera de posibilidades políticas, y las tensiones con los formadores de precios están emergiendo en cada negocio del país. Es difícil leer las señales con tan poca información, pero no hay dudas de que la cosa se puso tensa. El ministro sostiene públicamente que perder un partido no lo saca de la carrera del campeonato, y parece no estar dispuesto a aflojarle un tranco de pollo a las empresas. Veremos si le alcanzan las balas. Por el momento, ha dado precisas instrucciones al secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini para profundizar las sanciones sobre aquellos que no cumplan con lo pactado. La clausura de la sucursal de Jumbo de San Martín, como las 769 multas labradas por $800 millones son una muestra de la intención del ministro. La pregunta sería: es verdaderamente oneroso violar los acuerdos, o es preferible incumplir y pagar la multa?
Evidentemente la lucha que tiene por delante el gobierno es muy compleja. En escenarios de inflaciones tan altas la descomposición del esquema de precios relativos es espeluznante. Pero también lo es la dispersión de precios. Voy a ser autorreferencial para ejemplificarlo. Necesitaba comprar una pava enlozada. Por un mercado virtual la podía conseguir a $3.200. En un pequeño bazar de calle San Juan casi Entre Ríos la vi a $3.500. Como era viernes y no podía usar Billetera Santa Fe, volví el lunes. Bien, ya no costaba $3.500, sino $4.500. Por supuesto no la llevé. Inmediatamente me fui hasta una esquina cercana, donde hay muchas oportunidades. La misma pava costaba $6.500. Esta locura, este desorden, están causando graves perjuicios, no sólo a los consumidores. Los precios son la principal señal organizadora de una economía capitalista, cuando esas referencias desaparecen, la situación se complica, y mucho.