Por Diego Añaños - CLG
Por Diego Añaños – CLG
La ignorancia suele conducir a grandes confusiones. Como la de aquel jovencito que decía que su tema preferido era “Persiana americana” de Los Palmeras. Claro, el muchacho no tenía ni la menor idea de que existía Soda Stéreo, y sólo había escuchado la versión del grupo de música tropical. “Dentro de la Ley todo, fuera de la Ley nada”, es una frase dicha originalmente por Juan Domingo Perón, en el famoso “Discurso de los cinco por uno” pronunciado a fines de agosto de 1955. Sin embargo, la mayor parte de los argentinos supone que es de Javier Milei, ya que el presidente la utilizó como latiguillo durante toda su campaña electoral. Incluso recientemente, su vocero, Manuel Adorni, lo citó en una conferencia de prensa. Parecería ser que, al menos desde lo declamativo, una administración que está dispuesta a pasar por encima de todas las señales de alerta, encuentra en la Ley un límite que no está dispuesta a atravesar bajo ninguna circunstancia.
Sí, en cambio, Milei está dispuesto a caminar siempre por la cornisa. Se podría pensar que es sólo una apuesta arriesgada de un presidente que no tiene nada que perder, pero sólo es una de las posibles conjeturas. También podríamos suponer que, dada su debilidad política intrínseca (híper minoría en el Congreso, sin una organización política de alcance nacional que lo acompañe, sin el control de la Justicia y sin llegada a los sindicatos), el único recurso que le queda es jugar permanentemente con los límites. A ver, como una suerte de Franco Colapinto de la cosa pública, el presidente no tiene más opciones que pegarle a los pianitos y pasar rozando las paredes de la pista. Es decir, el vértigo de estar siempre al borde del precipicio más que una estrategia de gestión política, sería un acto de supervivencia.
Es así que, desde hace casi un año, gobierna echando mano a un combo bastante simple. Poco atractivo para los amantes de la institucionalidad republicana, seguramente, pero efectivo. Por un lado utiliza discrecionalmente la herramienta de los DNUs, una facultad habilitada por la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso 3. Dado que una derogación requiere del rechazo de ambas cámaras, el Ejecutivo se las ha apañado hasta el momento para conseguir que, al menos una, no pueda avanzar con el rechazo. De este modo, y ante las complicaciones que surgen a la hora de aprobar una Ley, al gobierno le alcanza con comprar algunas voluntades para sostener los decretos. Basta incluso con impedir que una sesión se lleve adelante (como viene ocurriendo recientemente), para ocluir los intentos de derogación. Por otro lado, y ante cada previsible derrota legislativa, el presidente no ha dudado en cumplir con su palabra y vetar toda ley que atente contra su programa de gobierno. Acá la cuestión se le facilita al gobierno, dado que para rechazar un veto presidencial, se precisa del concurso de una mayoría especial de dos tercios de los legisladores presentes en cada cámara. Si bien es cierto que virtualmente el oficialismo no tiene legisladores, hasta el momento le bastó con el apoyo del bloque del PRO y algunos votos de partidos provinciales conseguidos en circunstancias cuanto menos dudosas.
En línea con su estrategia de caminar por el filo de la navaja de la institucionalidad, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que está analizando seriamente cubrir los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, utilizando el nombramiento en comisión a través, por supuesto, de un decreto. El artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, establece que el presidente puede nombrar jueces en comisión durante el receso del Congreso. Obviamente se trata de un nombramiento temporal, ya que se requiere del acuerdo de la Cámara de Senadores para que la o las designaciones pasen a ser definitivas. Algo similar a lo que hizo Mauricio Macri cuando, a través del decreto 83/2015 nombró a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti como jueces del máximo tribunal (vale recordar que los magistrados finalmente no asumieron hasta que tuvieron el acuerdo del Congreso Nacional). Como venimos diciendo, siempre transitando el borde, pero nunca violando abiertamente las leyes, al menos hasta ahora.
Los griegos distinguían entre dos órdenes normativos. El orden de la physis, que representa todas aquellas leyes que devienen del orden natural, y el orden del nomos, que está constituido por las normas que surgen de la interacción humana. Mientras que para todo el mundo está claro que las leyes humanas son artificiales, ya que el corpus normativo del derecho positivo surge de las convenciones sociales, muchos economistas creen que la economía está regulada por un conjunto de leyes, digamos, “naturales”. Ese orden natural no debería ser alterado por la intervención de agentes exógenos como el Estado. Es por eso que el principio fundamental es dejar que los mercados resuelvan libremente los precios a los que se van a vender las cosas, y las cantidades que se van a transar, ya que se supone que eso redundará en una asignación eficiente de los recursos sociales. Sin embargo, la gran paradoja de este gobierno que se autopercibe liberal, es que es capaz de respetar el derecho, pero está dispuesto a regular el precio del tipo de cambio, los salarios o el de las pre-pagas. En síntesis, está dispuesto a respetar las leyes artificiales de los hombres, a la vez que viola las leyes naturales del mercado. Más contradictorio no se consigue, pero la nave va . . .