Por Diego Añaños
Por Diego Añaños
Durante las conferencias de Jackson Hole, celebradas a fines de agosto en Wyoming, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los EEUU dejó un mensaje claro: la autoridad monetaria norteamericana estaba dispuesta a arbitrar los medios que considerara necesarios para frenar la inflación. Y como las recetas del gran país del norte no suelen mostrar sorpresas, todos entendieron que la suba de las tasas de interés de referencia de la Fed iba a continuar. Como titularon algunos medios por aquel entonces: tasas, sudor y lágrimas. Nadie esperaba un futuro venturoso. El intento de detener la carrera de los precios iba a implicar un amesetamiento del crecimiento de la actividad económica, por lo que tanto las familias como las empresas se verían afectadas negativamente. Powell asumió las consecuencias explícitamente, pero, como se dice por la calle, el que avisa no es traidor. Durante el día de ayer, la Fed anunció el cuarto aumento en cinco meses, y llevó las tasas a un rango de entre el 3,75 y el 4%, ubicándose en los niveles más altos desde la primera quincena de enero de 2008. Sin embargo, esta sexta subida del año no será la última, ya que se anunció oficialmente que continuará la senda alcista. La única especulación de los analistas es que, de ahora en adelante, existe alguna posibilidad de que la evolución sea un poco más lenta. Para encontrar subas de una magnitud similar, esto es 0,75% de una sola vez, hay que remontarse casi 30 años en el tiempo, al año 1994, cuando la Fed estaba bajo el mando del recordado Alan Greenspan.
Pero parece que no es sólo Jerome Powell el que anda preocupado por la inflación. El FMI presentó recientemente un paper en una conferencia en Chile, en el que le reclama a la Argentina la adopción de políticas más restrictivas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas que el país firmó con el organismo. En el documento se advierte acerca de que “las vulnerabilidades internas y la incertidumbre en torno a las políticas, sumadas a un empeoramiento del entorno externo, están agravando las expectativas”. Desde el gobierno, si bien comparten la preocupación por la inflación, no parecen compartir el diagnóstico con respecto a sus causas. Desde el ministerio de Economía insisten en la influencia que tienen las formadoras de precios en la suba del índice general. Es en ese sentido que la Secretaría de Comercio Interior instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para iniciar una investigación a un grupo de empresas de consumo masivo por “presuntas prácticas anticompetitivas” que, abusando de su posición dominante habrían elevado sus precios muy por encima del nivel general. Los avances de los resultados de la investigación deberán estar listos en un plazo máximo de 30 días.
En paralelo con la investigación citada, Sergio Massa anunció esta semana que el gobierno sigue avanzando en el diseño del programa Precios Justos. El mismo propone el congelamiento del precio de 1500 productos de consumo masivo por cuatro meses, en un intento renovado de hacer converger la inflación en el rango del 4% a comienzos de 2023. Además, el ministro advirtió que el gobierno está trabajando en la puesta en marcha de una app destinada a que los consumidores puedan detectar y denunciar el incumplimiento por parte de los comercios. En caso de comprobarse que las empresas no cumplen con el compromiso, se prevé una multa que podría llegar a los 283 millones de pesos. Recordemos que hacer alrededor de dos semanas, el Secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, había convocado a un grupo de grandes empresas formadoras de precios, dentro de las que se destacaban Arcor, Mastellone, Coca Cola, Quilmes, Unilever y Aceitera General Deheza, para comunicarles que el gobierno estaba trabajando en la elaboración del nuevo programa. Sin embargo, las empresas se mostraron sorprendidas con el anuncio por parte de Massa y, en una clara actitud desafiante, renovaron sus listas de precios con aumentos de entre el 7 y el 15%, a pesar de las advertencias por parte de los funcionarios de que no aumentaran sus precios por encima del 4%. Es una pulseada para seguir de cerca, sin dudas.
Finalmente, y para ir cerrando. El jueves se emitió dictamen para tratar en alrededor de dos semanas la Ley de Presupuesto 2023 en la Cámara de Senadores, luego de su aprobación en Diputados. La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta recibió el miércoles en el Salón Azul a Gabriel Rubinstein (Secretario de Programación Económica), Raúl Rigo (Secretario de Hacienda) y Eduardo Setti (Secretario de Finanzas). Desde Juntos por el Cambio, y a través de una nota dirigida a la presidenta del cuerpo, Cristina Fernández, y al presidente de la comisión, Sergio Guerra (del Frente de Todos), exigieron que también se hiciera presente el Ministro de Economía, para acompañar la presentación del proyecto. Desde el oficialismo respondieron que por cuestiones de agenda sería imposible la presencia de Massa en la Cámara. En la noche del miércoles el ministro compartió una cena con los senadores del Frente de Todos. El tradicional poroteo marcaba que no podía faltar nadie a la cita, porque de otro modo el oficialismo no reuniría los votos necesarios para el dictamen. Dado que el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, se encuentra internado, sería indispensable la asistencia de los 35 senadores del interbloque del Frente de Todos, además de los tres senadores que habitualmente fungen como aliados de Juntos Somos Río Negro, el Frente Renovador de la Concordia y de Hay futuro Argentina. La visita a la tropa tuvo el efecto esperado, y el oficialismo marcha con confianza a la sanción del presupuesto, algo que la oposición le negó el año pasado.