Por Diego Añaños
Por Diego Añaños
El proyecto del gobierno nacional para gravar la renta inesperada ingresará en breve a la Cámara de Diputados. Como veníamos comentando, lo que se busca es captar los ingresos extraordinarios que perciben un grupo de grandes empresas a raíz de la disparada de los precios como consecuencia de la guerra de Ucrania. Según estiman los funcionarios de la cartera económica el impuesto recaería sobre alrededor de 350 empresas (de las 600 que superan la cota de facturación), y en conjunto engrosarían la recaudación en alrededor de U$S1.000 millones (unos $200.000 millones). El mismo se aplicaría por única vez, esto es, para el ejercicio fiscal 2022, y sería de un 15% sobre la ganancia neta imponible por encima de los $1.000 millones. Además deberán cumplirse una de dos condiciones establecidas por la ley que se enviará al Congreso Nacional: que el margen de ganancia (definido como el cociente entre la ganancia contable sobre los ingresos totales), supere el 10%; o que el margen de ganancia del ejercicio 2022 sea superior al 20% en relación con el ejercicio 2021. Se aclaró que, para evitar distorsiones en el cálculo, la ganancia neta imponible se ajustará según la evolución de la inflación anualizada, esto es, diciembre de 2022 contra diciembre de 2021. El cálculo se hará sobre los balances de las compañías de 2022 y se pagará con los vencimientos de Ganancias en mayo de 2023. Dado que afecta directamente la alícuota de ese impuesto, el proyecto prevé una modificación del Impuesto a las Ganancias de Sociedades de Capital, que se aplicará en una sola oportunidad. Si bien desde el ministerio de Economía son prudentes con respecto a los cálculos, reconocen que existe la posibilidad de que algunas empresas “muy grandes” lleguen a pagar un 50% de Ganancias el año que viene.
Durante la semana, circularon versiones que aseguran que, durante el vuelo que compartieron rumbo a la Cumbre de las Américas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le habría comunicado el presidente Alberto Fernández que las posibilidades de que la Cámara Baja le dé media sanción al proyecto son virtualmente nulas. De acuerdo al primer conteo de votos realizado por el ex intendente de Tigre, la oposición cuenta con 130 votos firmes, dispuestos a frenar cualquier iniciativa que implique un aumento de impuestos. Sólo se cifran algunas esperanzas en la posibilidad de recibir el apoyo de algunos gobernadores en función de aquellos artículos del proyecto que incrementan la coparticipación.
Como era de esperar, las voces de la resistencia empresaria no tardaron en hacerse escuchar. Durante la jornada del martes, y con el festejo de los 20 años como excusa, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), se reunión en el Hotel Sheraton de Buenos Aires bajo la consigna: “El sector privado es el factor clave para el desarrollo”. Abro paréntesis. Otro día discutimos el lema, aunque adelanto que es engañoso: el sector privado es importantísimo para el desarrollo, pero en todas las experiencias capitalistas exitosas el factor clave para el desarrollo ha sido el Estado. Retomo. Como decimos habitualmente, los empresarios no queman cubiertas, ni cortan calles. Tienen modos mucho más sutiles de ejercer presión. Son también, muy previsibles, claro. Una vez más, volvieron con la gastada letanía de la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica como precondiciones para la inversión. No vale la pena detenerse demasiado en el argumento, pero sería bueno recordarles que el gobierno anterior les garantizó todo lo que reclamaban y no pusieron un peso. Es así, el mejor incentivo para la inversión es la posibilidad de vender lo que se produce, y no la baja de los costos, pero bueno, volvimos a escuchar lo mismo de siempre una vez más.
El presidente se ha puesto en acción. Pero poner en funcionamiento la birome, no significa, al menos en este caso, introducir reformas profundas que avancen en el sentido de redistribuir el ingreso nacional. Con toda la furia, lo que se conseguirá será captar una parte de la renta obtenida de la disparada de los precios de los alimentos, pero la estructura de ingresos de la Argentina permanecerá intacta. Sin embargo, hay que tener claro que lo que las elites no están dispuestas siquiera a discutir es la distribución de la riqueza. Y es en este punto donde se pone de manifiesto la relevancia de las declaraciones del juez de la Corte Suprema, Alberto Rosenkrantz de hace algunos días cuando sostuvo: “No puede haber un derecho detrás de cada necesidad”. Esa afirmación oficia de bálsamo para las elites dirigentes, ya que consagra desde el tribunal supremo la sacralidad de la propiedad privada, y a la vez opera como límite a cualquier intento afiebrado de discutirla. La creación de un impuesto a la renta inesperada es, sin dudas una medida inteligente y necesaria, pero Alberto va a tener que ir afilando la birome y fortaleciendo el antebrazo si pretende hacer la diferencia en los años que le quedan.