La ola de crímenes violentos que asola a Rosario causa preocupación tanto entre las autoridades provinciales como nacionales a cargo del área de seguridad. Ayer se llevó a cabo una reunión entre los altos mandos de la policía y las fuerzas federales destacadas en la ciudad para diseñar un plan de acción conjunto para reforzar la seguridad en la zona sur del municipio, donde recrudeció la violencia en el primer tramo del año.
Pese a que se montó un operativo para patrullar las zonas calientes, anoche hubo un nuevo crimen: fue ejecutado a balazos desde un auto en el acceso por Circunvalación a Villa Gobernador Gálvez Sergio David Díaz, de 39 años, sindicado como el autor del asesinato de Isabel “Chabela” Cantero, la hermana de Ariel Máximo “Viejo” Cantero, uno de los líderes de Los Monos, preso y en juicio por asociación ilícita por integrar la banda.
Fuentes de la cartera que dirige Maximiliano Pullaro revelaron a La Capital que provincia y Nación comparten el mismo diagnóstico respecto de la situación, que preocupa a los vecinos que viven el baño de sangre en la zona sur de la ciudad como un “deja vú” de la guerra narco que se desató después de que fuera acribillado a balazos Martín “Fantasma” Paz en septiembre de 2012 cuando paró con su BMW en Entre Ríos y 27 de Febrero.
¿Cuál es el cuadro de situación que trazaron ayer los máximos responsables de combatir el delito en Rosario? “Rosario tiene un problema de violencia extrema en un par de bandas, que ni siquiera llegan a ser grandes organizaciones delictivas. No hay un problema de inseguridad. De hecho, en la ciudad es bajó considerablemente la tasa de homicidios donde el fin era robarte el celular”, insisten desde el Ministerio de Seguridad santafesino.
Asimismo, aseguran que el problema, por cierto complejo e inquietante, se resuelve con más policías o gendarmes -anoche circuló la versión de que la cartera que dirige Patricia Bullrich iba a mandar fuerzas federales a la ciudad-, porque como se trata de homicidios motivados por la venganza ellos mismos “se buscan y se la dan”, en este último tiempo “empezaron a matarse entre familiares directos” de los miembros de las bandas.
“La ventaja es que sabemos quiénes son y a todos ya los detuvimos alguna vez”, comentó una alta fuente de las fuerzas de seguridad provinciales, quien apuntó que, para poder actuar, necesitan órdenes de allanamiento y en enero, cuando se producen históricamente estos picos de violencia extrema, hay una “desventaja: la Justicia está trabajando en piloto automático porque la mayoría los jueces y fiscales se fueron de vacaciones”.
El propio Pullaro había señalado las dificultades que trae a la administración de Justicia la feria judicial de enero. “Quedan muy pocos funcionarios judiciales llevando adelante el servicio de justicia y eso impacta en la seguridad pública”, disparó el ministro y afirmó que, como contracara, en el ministerio de Seguridad “no se toman vacaciones ni les permiten a los jefes tomarse licencia ni en diciembre, ni en enero ni en febrero”.
En el mismo sentido ayer el gobernador Miguel Lifschiz, quien admitió que el aumento en el número y en la saña de los crímenes en Rosario es un tema que le “preocupa”, pero advirtió que este “pico de violencia es un caso puntual, tiene que ver con el enfrentamiento de dos grupos en la zona sur de la ciudad” y que, por eso mismo, requiere “una mirada especial” y el trabajo conjunto de la fuerzas policiales y también de la Justicia.
“No es un tema sólo de la policía sino también de la Justicia”, enfatizó Lischitz ayer y por elevación criticó a los magistrados que se toman vacaciones en enero, y sentenció: “Muchos de estas personas que están involucradas como víctimas o victimarios, son personas que estaban detenidas o con salidas transitorias de la cárcel. Son personas que están dentro del ámbito de trabajo de los distintos procesos judiciales que se llevan adelante”.
FUENTE: La Capital