"No es un impedimento económico y es una cuestión fundamental para los chicos”, dijo Gabriela Moroni, presidenta de Faohp, en diálogo con CLG
Un ensordecedor pedido ronda la Legislatura de Santa Fe hace más de un año con el pedido de adhesión a la Ley Nacional N° 27.674, llamada Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer. Aprobada en junio de 2022, reglamentada el 8 de febrero de 2023, sigue en el cajón la solicitud para que la provincia se ponga a la par de Nación. En Santa Fe hay alrededor de 300 menores que esperan por esta decisión.
Se trata de cuatro proyectos de Ley provincial para adherirse. Recientemente el Defensor del Pueblo resolvió un dictamen de recomendación para acoplarse a la norma nacional, además en la última sesión del Concejo Municipal la edila Caren Tepp llevó adelante el reclamo de las familias y ONGs para que desde Rosario también se empuje en este sentido.
Los derechos a nivel nacional se ejecutan, en plena vigencia. Cada paciente tiene un Certificado Único de Paciente Oncológico (Cupo) con el cual cobran un subsidio de Anses y permite a los padres tomar licencias en empleos bajo relación de dependencia sin goce de sueldo, pero con aportes económicos de Anses. “También está contemplado las mejoras en viviendas y la gratuidad de transporte para moverse entre localidades o provincias”, señaló Gabriela Moroni, presidenta de la Fundación Argentina OncoHematológica Pediátrica (Faohp) en diálogo con CLG.
Otro de los puntos importantes marcado por Moroni es la conformación de un Ente que regule todas las derivaciones de pacientes: dónde se van a concentrar los pacientes de mayor complejidad, cuáles serán los parámetros para derivaciones, factor importantísimo para un buen y temprano pronóstico. La Ley Nacional también cubre al 100% a aquellos pacientes que por su patología necesitan prótesis.
“Estamos hablando de 300 pacientes en Santa Fe. No es un impedimento económico y es una cuestión fundamental para los chicos”, planteó la presidenta de Faohp.
El reclamo de Faohp, que está alineado a lo solicitado por familias y otras organizaciones, llega a cada despacho de los diputados con el objetivo de tratarse antes de fin de año y necesita la aprobación bicameral.
La reglamentación de la ley se dio en la previa a un año electoral. Las campañas políticas, recorridas, actos y discusiones lejos de la Legislatura hicieron que se demore su tratamiento. Sin embargo, cada comunicación con los diputados finaliza con una grata sensación y la esperanza para que se apruebe antes de fin de año está latente.
“A veces un traslado, una mejora en vivienda es fundamental cuando un chico está bajo defensa y necesita determinadas condiciones donde vivir o una derivación es realmente importante”, expresó Moroni y remarcó el trabajo en conjunto entre las ONGs Fundación Mateo Esquivo de Santa Fe y Fundación Simón de Las Toscas.