La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) demandó hoy por «daños y perjuicios» a los dueños de la firma Oil Combustibles, Cristobal López y Fabián de Sousa, y al ex titular del ente recaudador Ricardo Echegaray.
Se trata de una demanda civil que el abogado del organismo, Ricardo Gil Lavedra, efectuó ante el juez federal Julián Ercolini, quien lleva adelante la investigación penal por «apropiación indebida de tributos».
López, De Sousa y Echegaray están procesados por el no pago de 8.000 millones de pesos de impuestos a la transferencia de combustibles, que ahora reclama la AFIP.
La AFIP pidió que los acusados paguen con su patrimonio los daños que le causaron al organismo por no haber podido contar con ese dinero, que hoy se calcula en 21.000 millones de pesos, y por haber tenido que insumir recursos para investigar las irregularidades del caso.
«La presente acción tiene por objeto reclamar la reparación e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados criminis causa a la AFIP», señaló el organismo y continuó: «Adelanto que los nombrados son civilmente responsables por los perjuicios ocasionados a mi representada como consecuencia de tales hechos».
El ente recaudador indicó que «esta demanda se deduce contra las personas que han sido procesadas y cuyo procesamiento ha sido confirmado por la Cámara».
Además, remarcó que «como consecuencia lógica del accionar desplegado por los demandados a través de los delitos imputados, éstos le han causado a la AFIP graves daños y perjuicios, que se traducen sustancialmente en la omisión del ingreso del ICL (impuesto a los combustibles)».
«La maniobra defraudatoria desplegada a lo largo del tiempo por los imputados aquí demandados civilmente, permitió que Oil financiara y beneficiara al resto de las empresas del Grupo Indalo con sumas que pertenecían al fisco», agregó.
El monto de la demanda -según AFIP- debe surgir de «de la totalidad de las sumas dejadas de percibir por el Fisco en función de la maniobra defraudatoria descripta».
«Los perjuicios causados por la afectación de la institucionalidad de la AFIP por la pública burla a los controles del fisco; el lucro cesante que supone para el Estado Nacional la indisponibilidad de las sumas lisa y llanamente sustraídas al erario público y intereses, costos y costas», expresó en la denuncia.