El juez federal Daniel Rafecas hizo lugar hoy a una medida cautelar para que la constructora Odebrecht, investigada por sobornos a ex funcionarios y empresarios, no avance con un reclamo indemnizatorio contra el Estado por 45 millones de dólares y 457 millones de pesos, a raíz de contratos caídos en medio del escándalo internacional.
Fuentes judiciales informaron que el Juzgado aceptó el pedido de la Oficina Anticorrupción (OA) y del fiscal federal Federico Delgado, en el marco de la causa en la que ya están procesados directivos de la firma brasilera y ex funcionarios, entre ellos, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
Rafecas ordenó al Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que suspenda el trámite de reclamo indemnizatorio realizado por Odebrecht contra el Estado, a raíz de la decisión del Ministerio de Energía de revocar los contratos de infraestructura que tenía adjudicados y que están sospechados de corrupción.
La firma brasileña, que reconoció que en el país pagó 35 millones de dólares en coimas, había hecho un reclamo a Nación Fideicomisos S.A. por la suma de 45.281.205 dólares y 457.578.828 pesos: el reclamo se basaba en el contrato que fuera firmado para la realización de obras correspondientes al Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008, pero que ahora está cuestionado ante la Justicia.
El juez consideró en su fallo que tanto los reclamos económicos realizados por la empresa como la intervención del Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tienen su origen en las cláusulas de los contratos obtenidos por Odebrecht, a partir de actos de corrupción cometidos por ex funcionarios.
Además, Rafecas hizo referencia al esquema trasnacional de pago de sobornos que se investiga en otros juzgados por distintas obras realizadas por la compañía brasilera.
Para el magistrado, permitir que se diera trámite a los reclamos de Odebrecht contra el Estado podría llevar a un escándalo jurídico ante la posibilidad de que pudiera darse, al mismo tiempo, el dictado de un laudo arbitral que beneficiara económicamente a la constructora.
La presentación había estado a cargo de la Oficina Anticorrupción (OA), el Ministerio de Energía y Minería y la Procuración del Tesoro de la Nación y apuntaba a «proteger el patrimonio del Estado e impedir que la empresa continúe realizando reclamos mientras se llevan adelante las investigaciones por distintos delitos de corrupción y se determina el daño sufrido por el Estado», se informó.
«Repudia una noción básica de justicia y equidad el hecho de que alguien pretenda sacar rédito a costa del interés público con fuente en una actividad delictiva, lo que es más grave cuando el pretenso beneficiario es quien estructuró su propia organización para esos fines espurios, como surge en el caso de la hipótesis reconocida por Odebrecht en Estados Unidos», sostuvo el escrito.
Para los representantes del Estado, «configuraría un escándalo jurídico que Odebrecht prosiga un reclamo en un tribunal de arbitraje fundado en un contrato nulo por ilicitud en su causa y objeto».
En marzo pasado el juez Rafecas, a cargo del Juzgado Federal 3, había dictado el procesamiento del ex ministro De Vido y otros ex funcionarios de áreas bajo su órbita, al considerar que crearon un sistema normativo para favorecer a Odebrecht otorgándole el contrato de la ampliación de los gasoductos TGS y TGN (obras 2006–2008).
En la Justicia actualmente existen tres causas en curso en las que se investigan sobornos por parte de la empresa para la obtención de contratos en el Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008 (y por los que la empresa pretendía reclamar una indemnización.); el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento; y Aguas y Saneamiento Argentinos S.A. (AYSA).