Se trata de la norma que acompañará al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo para las mujeres que quieran llevar adelante la maternidad
El plenario de comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda aprobó esta tarde por unanimidad en el anexo C del Congreso el dictamen para que este jueves se pueda debatir en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo Nacional conocido como “Plan de los 1.000 días”. Será tratado, entonces, el mismo día que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación.
El proyecto de ley que ayer se acordó tratar sobre tablas en la Cámara baja se llama en realidad “Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia” y es conocido también como el plan de los 1.000 días, porque según anunciara Fernández, apunta a “bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida”.
Pablo Yedlin, el diputado tucumano del Frente de Todos que preside la comisión de Salud Publica y Acción Social, estuvo al comando del plenario que se hizo en gran parte en modo presencial. Fue la primera vez que se utilizó esta modalidad desde que por la pandemia en abril se había pasado a las sesiones mixtas. Por eso hubo una desinfección profunda del salón que se empleó para la reunión, uso de tapabocas para todos los presentes y todos se ubicaron sentados silla de por medio para que se respete el distanciamiento social. Algunos legisladores se conectaron en modo virtual, a través del sistema VPN.
Antes de la aprobación, Yedlin leyó algunas modificaciones en el texto del proyecto de ley, que abarcaron más de 10 artículos.
Según se desprende del texto del proyecto, se establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años. Extiende, al mismo tiempo, la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.
El Programa también prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.
El proyecto destaca, además, el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para las “niñas y las niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años”, “personas que cursen embarazos de alto riesgo” o padezcan “trombofilia”, “mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género” y “niñas y adolescentes embarazadas”.
Si resulta aprobada por el Congreso se creará, además, en el ámbito del Ministerio de Salud, una Unidad de Coordinación Administrativa “para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los tres años”.
“Esta Unidad tendrá como función el abordaje integral y la coordinación de las acciones necesarias para la plena implementación de lo establecido en la presente ley”, se precisa sobre dicha unidad, que además estará integrada por representantes de otras dependencias estatales como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), ANSES, RENAPER y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.