La Defensoría del Público emitió un dictamen solicitando al Ente limitar su “discrecionalidad administrativa” frente a sucesivos rechazos a los proyectos de fomento que establece la ley. Las razones van desde una fotocopia mal cortada hasta que no se lee un CD. Con estas prácticas, el ENACOM dejó sin ejecutar la mitad del presupuesto asignado al efecto en 2017.
El dictamen fue emitido a raíz de una presentación hecha por FARCO en octubre pasado, frente a los primeros casos de radios asociadas cuyos proyectos de la línea Equipamiento eran rebotados por defectos encuadrables como “falta de cumplimiento de requisitos, formalidades o falta de documentación que pueden ser subsanados posteriormente”, frente a los cuales la Defensoría del Público le recuerda al ENACOM que corresponde aplicar el principio legal pro persona, “optando por la interpretación y la aplicación de los reglamentos que sean más protectorias de los derechos”. A lo que suma, citando abundante jurisprudencia de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Conjunta de Relatores para la Libertad de Expresión de los diferentes sistemas de protección de derechos humanos (OEA, ONU, CADHP y OSCE), la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005 UNESCO y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 vigente, entre otras, que “los FOMECA son una política clave para contribuir a la sostenibilidad económica de proyectos de comunicación alternativos y, de esta forma, asegurar la pluralidad informativa. Por este motivo, al encontrarse en juego derechos humanos la discrecionalidad administrativa y los criterios restrictivos que puedan terminar en rechazos de peticiones en trámite deben limitarse al máximo”.
En su pronunciamiento, la Defensoría retoma otro dictamen emitido el año pasado a partir de una presentación de FM La Hormiga de Rosario, en este caso por una de las tantas deudas que el organismo aún mantiene con organizaciones comunitarias que ya tienen sus proyectos ganados desde hace dos o más años, pero el ENACOM aún retiene los fondos basándose en objeciones administrativas similares, frente a la cuales aplican los mismos principios.
Pablo Antonini, presidente del FARCO, explicó en este sentido que “aplica tanto para estos reiterados casos de radios que son marginadas del fomento con excusas formales, absurdas, como que falta una firma o no se lee un CD, como para las deudas que aún arrastra el organismo con muchas organizaciones aduciendo motivos similares, como frente a los problemas que muchos están teniendo en la inscripción del nuevo Registro FOMECA, por reiteradas caídas del sistema y otros. Señala que el rechazo de un proyecto, estando en juego el Derecho a la Comunicación de efectores históricamente postergados, debe ser una excepción” y que “deben adecuarse las estructuras burocráticas a las realidades de los medios indígenas y comunitarios“.
Luego de la presentación original de FARCO en octubre, relató Antonini, “los casos se multiplicaron exponencialmente en la línea de Gestión“, cuyos resultados se conocieron en diciembre luego de un largo año de recorrido administrativo, ya que el concurso fue abierto en noviembre de 2016. “De 41 proyectos presentados fueron aprobados apenas 17“. Esto generó que de un presupuesto total asignado para esta línea de 25.600.0000 pesos, sólo fueran ejecutados $ 9.642.644. En total, contabilizando todas las líneas, la sub ejecución rondó el 50% del presupuesto asignado, que ya era, a su vez, sensiblemente más bajo que el que establece la ley.
El caso más obsceno, y uno de los que motivó el pedido original, tal vez sea el de la radio intercultural mapuche Newen Hueche, del paraje Aucapán en Neuquén, a quienes llegaron al extremo de pedirle dos veces una fotocopia (implicándole a la comunidad en cada caso un viaje de cientos de kms hasta la delegación del organismo en esa provincia) para terminar rechazándola de todas formas porque estaba unos centímetros cortada. “Desde 1998 venimos luchando para sacar adelante la FM, para reflejar nuestros derechos, lo que hacemos en nuestra comunidad”, expresó entonces en Agencia FARCO la autoridad de la comunidad, María Teresa Tripailaf asegurando que la acción del organismo es discriminatoria por ser mapuches y que son considerados “el último orejón del tarro”.
Al respecto, el dictamen de la Defensoría del Público recuerda que “los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para impedir la ocurrencia de demoras, y los pueblos indígenas y tribales tienen un derecho a que se adopten medidas para prevenir retrasos indebidos, libres de excesivos rigores legales o de costos elevados; para la Comisión, los procedimientos que son largos, repetitivos, demorados, costosos o formalistas perjudican los derechos de las comunidades“.
Por si quedan dudas, siempre bajo el amparo de leyes y tratados internacionales de Derechos Humanos detalladamente citados en el escrito, se concluye que “los Estados también están en el deber de asegurar que los trámites de esos procedimientos sean accesibles y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y materiales necesarias para dar una oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el marco de los procedimientos”, “los procedimientos administrativos correspondientes deben estar libres de formalismos o requisitos innecesarios que obstaculicen su expedito desarrollo”, y “deben agotarse todos los recursos disponibles antes de rechazar excepcionalmente sus ofertas concursables al ejecutar los FOMECA“.
Sin embargo, un repaso por las razones del masivo “bochazo” registrado en la línea Gestión demuestra que este criterio aún está lejos de ser entendido por el organismo: falta de “versión digital” de algún archivo que se presentó impreso, falta de un Curriculm Vitae, incluso falta de firmas que el reglamento no exige, son algunas de las razones que marginaron del fomento a más de la mitad de los postulantes.
Antonini contó que algunos de los medios comunitarios afectados “han presentado o están presentando esta semana recursos de reconsideración, pidiéndole al organismo que revea estos rechazos”, dado que “por un lado tenemos un montón de presupuesto no ejecutado, que el Estado se lo queda en vez de emplearlo en la función que por ley tiene asignado para esto, y por otro lado muchos medios que presentan sus proyectos y son rechazados por estas cosas que la Defensoría está diciendo taxativamente no deben hacerse de esta manera”.
Para el presidente de FARCO, lo más importante del dictamen es dejar claro y jurídicamente fundamentado al ENACOM que estos procedimientos “no sólo afectan los derechos de un determinado grupo o comunidad, sino que además afectan al Derecho a la Comunicación en general, porque justamente estas herramientas existen para suplir la disparidad que históricamente ha habido en la comunicación entre las organizaciones sin fines de lucro y las empresas”.
Fuente: Agencia Farco