La Universidad China de Hong Kong y el Colegio de Abogados, entre otros grupos civiles, convocaron para hoy a una nueva marcha contra la impopular propuesta de ley de extradición a China, mientras crece la presión en este territorio semiautónomo sacudido por la peor violencia política desde que fue devuelto a Beijing por los británicos.
La concentración busca transmitir a la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, un mensaje cuya potencia crece día a día: que dé marcha atrás con la propuesta de ley, que se topó con una oposición masiva en las calles durante la última semana, informó la agencia de noticias EFE.
El creciente rechazo al proyecto de ley provocó una inusual oposición transversal que abarca sectores ciudadanos, políticos y sociales y que parece fortalecerse mientras pasan los días, mientras Lam se niega a cumplir con las exigencias de los manifestantes de retirar o desechar el proyecto, que es respaldado por China.
Hoy, Lam se encontró con llamados desde su propio campo político que le sugerían detener la espiral, entre ellos el destacado legislador pro Beijing, Michael Tien, que le pidió abiertamente posponer el proyecto de ley.
«Nunca es tarde. Las nuevas situaciones pueden ser la base para que cualquier líder cambie su posición. No hay nada de malo en eso», dijo en conferencia de prensa.
En la misma línea, Bernard Chan, asesor de Lam, dijo a la radio RTHK que seguir adelante con la aprobación del proyecto se volvió «imposible cuando hay tanto conflicto por todos lados».
Lam asegura que la ley busca cerrar un vacío legal que permite refugiarse en Hong Kong a fugitivos acusados de ciertos delitos en China, como homicidio o violación. Sus críticos temen que se use contra quienes promueven una mayor autonomía o una independencia de Beijing, y advierten del uso de la tortura, las detenciones arbitrarias y las confesiones forzadas en China.
La crisis recuerda las protestas del movimiento de la «Revolución de los Paraguas» que protagonizaron decenas de miles de honkongeses a favor de la democracia en el año 2014, pero sin obtener concesiones de Beijing.
Bajo el principio de «un país, dos sistemas», se supone que Hong Kong tiene garantizado el derecho a retener su propia organización social, legal y política en los 50 años posteriores a su cesión a China por el Reino Unido, en 1997.