La Audiencia Nacional de España condenó este lunes a la cúpula del Partido Popular (PP) de la Comunidad de Valencia por financiarse de forma ilegal a través de la trama de corrupción «Gürtel», asestando un nuevo golpe judicial a la fuerza conservadora tras la sentencia que llevó a la destitución del gobierno de Mariano Rajoy.
El fallo considera probado que durante el gobierno del ex presidente regional Francisco Camps (2003-2011) el PP tenía una «Caja B», a la que aportaban varios empresarios, con la que que se financiaron ilegalmente las campañas de las elecciones municipales y regionales de 2007 y las generales de 2008, en la que Rajoy era el candidato. El tribunal impuso penas de prisión que van desde los 4 meses a los seis años y nueve meses para 18 de los 20 acusados en el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel, entre ellos cuatro altos cargos del PP de la época de Camps.
Los políticos del PP y empresarios implicados fueron condenados por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la Hacienda Púbica (delitos fiscales), según la sentencia difundida por el tribunal.
Entre los condenados figura Ricardo Costa, el ex secretario general del PPCV (Partido Popular de la Comunidad Valenciana), quien fue sentenciado a 4 años de cárcel, una pena que resultó atenuada por su confesión. También recibió condena la ex gerente del partido Cristina Ibánez, con una pena de 3 años y 4 meses de cárcel; el vicepresidente de la fuerza política, David Serra, condenado a 3 años y 8 meses de prisión, y la ex tesorera Yolanda García, condenada a 4 de cárcel. En cambio, al tribunal absolvió al ex vicepresidente de la Comunidad Valenciana, Vicente Rambla.
Este juicio investigó los negocios que el empresario Francisco Correa, el líder de la red de corrupción Gürtel, realizó con el Partido Popular de Valencia a través de su empresa Orange Market, que organizó actos electorales y canalizó el dinero en negro de empresarios que pretendían conseguir una «posición ventajosa en los contratos públicos y adjudicaciones».
Las codenas más altas fueron para Correa -cuyo apellido se deriva del nombre del caso, ya que Gürtel significa correa en alemán-, quien recibió cinco años y tres meses de prisión; Álvaro Pérez, alias «El Bigote», que recibió seis años y nueves meses; Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia, con cinco años. Nueve empresarios implicados en el caso, que alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía, admitieron durante el juicio que pagaron 1,2 millones de euros a Orange Market con facturas falsas por servicios que no se produjeron.
La sentencia explica que la financiación ilegal del PP se producía por dos vías. Por un lado, los empresarios donaban dinero en negro al partido de forma directa y, por el otro, pagaban los actos electorales de PP con la facturación ficticia que hacían a la empresa de Correa. Estos empresarios eran contratistas de la administración pública. Por su parte, el PP contrató servicios de Orange Market por un valor de dos millones de euros.
El ex presidente valenciano y líder del PP de la región Francisco Camps se libró de ser condenado porque no estaba procesado. Hasta el momento en el que se cerró la investigación ninguno de los implicados lo delató. Sin embargo, durante el juicio, todos los ahora condenados señalaron al ex presidente regional como el responsable del sistema de financiación ilegal.
El caso Gürtel, que comenzó a ser investigado en 2008 pero cuyos orígenes se remontan a mediados de la década de 1990, destacó una red de corrupción pago de sobornos, desvió de dinero y adjudicación de contratos en torno al PP principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia, regiones gobernadas por los conservadores. El escándalo sacudió España y se convirtió en uno de los principales problemas del PP, que gobernó bajo la sospecha de la corrupción desde 2011, y que llevó a que Rajoy sufriera un deterioro de confianza y una pérdida de votantes.
Dos semanas atrás, no obstante, la Audiencia Nacional condenó la fuerza conservadora a título lucrativo por haberse beneficiado de la red Gürtel, lo que motivó a la oposición a presentar una moción de censura contra Rajoy, que situó al socialista Pedro Sánchez al frente de La Moncloa.