Por: Diego Carballido
El Espacio Juicio y Castigo de la ciudad de Rosario, que reúne a organizaciones de Derechos Humanos, sociales, gremiales y políticas, emitió un comunicado rechazando una nueva postergación de los juicios vinculados a la causa denominada Feced III, donde iban a juzgarse a catorce represores vinculados con la última dictadura cívico militar, entre ellos al sacerdote Eugenio Zitelli.
Dichas organizaciones, se reunieron el último jueves en los Tribunales Federales de calle Oroño 940 “para repudiar este nuevo beneficio a los genocidas, para decir que cada postergación es otro paso en favor de la impunidad de los asesinos y torturadores”, según plantearon desde los organismos, y advirtieron: “la postergación de Feced III se da a conocer a dos días de su comienzo y a diez del 24 de marzo, constituyen una provocación y una burla inaceptable”.
En el comunicado de prensa que dieron a conocer, el Espacio Juicio y Castigo, manifestó su “bronca y dolor” por una nueva suspensión, denunciando que “se trata de una nueva trampa con la que los personeros de la impunidad protegen a los criminales de lesa humanidad”, y agregaron que “esta nueva suspensión se inscribe en la avanzada del gobierno nacional, que propone perdón y olvido para los genocidas, al mismo tiempo que impone el mismo modelo económico que destruyó al país durante la dictadura y la década del noventa”.
La ausencia de uno de los jueces y el estado de salud de los imputados son algunos de los argumentos que justificaron la tercera postergación que sufre el histórico juicio. Los abogados defensores informaron que resta realizar un examen médico al ex capellán Eugenio Zitelli, al que se le suma el pedido del imputado Ramón Telmo Alcides Ibarra, quien pidió no participar de las audiencias por hallarse en reposo por prescripción médica. La megacausa Feced III cuenta con dos postergaciones previas, realizadas el 16 de marzo y el 8 de junio de 2017.
Esta nueva postergación se produce en un clima de vaciamiento que vive la Secretaria de Derecho Humanos de la Nación, según denuncian desde la agrupación H.I.J.O.S, ya que no cuentan con ningún abogado querellante en los Tribunales Orales Federales de la ciudad. Luego de lo que fuera, en junio del año pasado, el despido de Santiago Bereciartúa, alguien que venía trabajando desde hace años en las distintas causas y que denunció persecución política en su despido. La última abogada contratada, Natalia Moyano, también integrante del equipo jurídico de H.I.J.O.S y Abuelas Rosario al igual que Santiago, debió soportar meses de hostigamiento hasta que finalmente lograron separarla de su cargo.