La represión de una semana de protestas en Nicaragua dejó al menos 34 muertos, informó hoy un respetado centro de derechos humanos, mientras el país centroamericano intenta volver a la normalidad en medio de la mayor crisis que enfrenta el presidente Daniel Ortega en más de una década en el poder.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) dijo que revisó a la alta su cifra previa de 27 muertos luego de hallar más cadáveres en la morgue estatal de Managua de personas declaradas como desaparecidas y de sumar a otras que murieron en hospitales por heridas sufridas en los ocho días de manifestaciones.
El gobierno de Ortega no ha dado una cifra oficial de víctimas fatales desde el viernes pasado, cuando informó de 10 muertos.
Las protestas comenzaron hace una semana y tenían como objetivo inmediato frenar la reforma de la Seguridad Social que planteaba el presidente, quien, por un lado, proponía reducir las jubilaciones y, por otro, aumentar las cargas empresarias.
Ante la masividad y la continuidad de las movilizaciones, y la creciente presión por los resultados sangrientos de una represión generalizada, Ortega finalmente decidió el domingo pasado retirar su plan de reforma jubilatoria.
Pero ya era tarde; los manifestantes ya no se contentaban con volver a la situación previa y comenzaron a pedir su renuncia inmediata después de 11 años ininterrumpidos en el poder, acusando al líder izquierdista y a su mujer y vicepresidente, Rosario Murillo, de autoritarios, represivos y corruptos.
El lunes por la noche, decenas de miles de personas marcharon por Managua para exigir su dimisión, evidenciando la magnitud de la crisis.
Hoy, las protestas parecían haber concluido y el país al parecer retornaba a la normalidad luego de que, en una forzada apuesta al diálogo, Ortega confirmara estar dispuesto a un diálogo con los empresarios y la Iglesia católica aceptara mediar en el conflicto.
Las calles, despejadas de obstáculos, volvieron a llenarse de automóviles y el transporte público se reanudó progresivamente en Managua, mientras trabajadores de la alcaldía local reparaban las vías donde los manifestantes erigieron barricadas, informó la agencia de noticias EFE.
Los saqueos y las colas en los supermercados de gente temerosa y desesperada para abastecerse, que caracterizaron la peor parte de los disturbios, el fin de semana pasado, ya no se vieron esta jornada.
Sin embargo, el regreso a clases, tras haber sido suspendidas el jueves por el gobierno, no atrajo al total de estudiantes esperados en las escuelas, ya que no todos los padres de familia se mostraron convencidos de que la crisis ha sido superada.
En los mercados populares los comerciantes pintaron grafitis en rechazo a «los ladrones», en referencia a la organización oficialista Juventud Sandinista, a quienes acusan de haber sembrado el caos durante las protestas, para inculpar a los manifestantes.
Aunque las protestas continuaron incluso anoche, la violencia cesó cuando Ortega renunció a la reforma jubilatoria y mostró su interés en el diálogo propuesto por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
El diálogo dependerá de la respuesta del Cosep, así como de los manifestantes, que si bien son liderados por estudiantes universitarios, no tienen una cabeza visible y por eso se les denomina «autoconvocados».
Los «autoconvocados» han insistido en que no están interesados en un diálogo, ya que a ellos no los representa el Cosep, y porque su reclamo está en que Ortega salga del poder, tal como lo demostraron en la marcha del lunes.
Anoche, además, la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN) aceptó mediar en el conflicto, gesto agradecido por el ahora debilitado Ortega en un mensaje por cadena nacional en el que, junto a su esposa, expresó su beneplácito por la decisión.
Ortega ha enfrentado una ola internacional de condenas por la represión, incluyendo de la ONU, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Desde su sede en Ginebra Suiza, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU deploró la sangrienta represión de la última semana y alertó sobre posibles «muertes ilegales» provocadas por el gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los organismos de la OEA, también condenó las muertes en las protestas y anunció que pedirá hacer una visita de trabajo al país.
Hoy, Francia condenó los actos de violencia, envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos y pidió un «diálogo nacional» que ponga fin a la crisis.
Además de los más de 30 muertos, las manifestaciones dejaron 428 heridos, más unos 200 entre arrestados y desaparecidos, según varias ONG y fuentes oficiales.
En un primer paso de la nueva estrategia negociadora de Ortega, incluso antes de su convocatoria a la Cosep, la policía terminó ayer de liberar a los detenidos durante las protestas.
Estudiantes liberados aseguraron que permanecieron en establecimientos penitenciarios, donde fueron torturados por los uniformados y aliviados por los reclusos.