El magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Nicaragua, Rafael Solís, anunció que dejaba su cargo, a través de una carta enviada al presidente Daniel Ortega. Lo hizo de manera»inmediata e irrevocable”. Se trata de un golpe duro al régimen de ese país, ya que era considerado como el principal operador político en el sistema judicial.
Según confirmó el diario El País, Solís es nada menos que el hombre que acomodó la Constitución para que el mandatario Ortega pudiera atrincherarse en el poder.
Además de su renuncia, acusó al mandatario de desatar un “estado de terror” e imponer una “dictadura monárquica” en este país que cumplirá nueve meses de una profunda crisis política que ha dejado 325 muertos y ha hundido su economía.
“Siempre creí que la sensatez y la cordura se podía imponer en ustedes”, espetó a Ortega y su esposa, la también vicepresidenta Rosario Murillo. El jurista y hasta ahora miembro del Frente Sandinista les echó en cara el hecho de no haber cedido a una negociación política que permitiera adelantar las elecciones y pactar una salida pacífica a la crisis.
“La realidad ha demostrado todo lo contrario y verdaderamente [hay] un Estado de Terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aun de la Policía misma con armas de guerra; han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial al que yo pertenezco reducido a su más mínima expresión”, afirmó el ahora ex magistrado en su carta.
En la misiva, Solís también ratificó los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que en diciembre presentó un amplio informe en el que señala que el régimen de Ortega cometió crímenes de lesa humanidad con la brutal represión desatada contra las manifestaciones que desde abril exigen el fin de 12 años de gobierno autoritario.
El ex magistrado también adviertió en su carta del peligro de que en Nicaragua se desate una nueva guerra civil. “Yo no deseo una guerra civil para Nicaragua, pero me queda claro que ustedes van por ese camino y ante un Ejército que por alguna razón no ha desarmado a los grupos armados, también es lógico esperar que los grupos de oposición van a buscar como armarse y el país va a retroceder cuarenta años, y volver, si es que no estamos ya, a esos ciclos de violencia tan característicos a lo largo de nuestra historia”, dijo.
Él fue el principal operador político de Ortega en la Corte Suprema y autor de los enrevesados alegatos legales que permitieron las reformas a la Constitución para garantizar la permanencia del sandinista en el poder. Solís es, además, una de las voces más pragmáticas dentro del círculo cercano a Ortega, quien aconsejaba al mandatario sobre asuntos legales y políticos. Con todo, es también uno de los principales autores del descalabro institucional en Nicaragua, cómplice en los desmanes cometidos desde el poder durante más de una década de Gobierno de Ortega. Su renuncia, sin embargo, genera un cisma dentro del FSLN que deberá tomar fuertes medidas para evitar nuevas deserciones.