El principal organismo de derechos humanos de América elevó hoy a 127 la cifra de muertos en Nicaragua en más de dos meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega, luego de un fin de semana de graves y letales disturbios entre opositores y policías en una ciudad cercana a Managua.
Residentes de Masaya relataron hoy escenas de terror en las calles de esa ciudad, donde desde el viernes pasado se registraron esporádicas y auténticas batallas entre manifestantes armados con gomeras y bombas molotov, por un lado, y policías y lo que opositores describen como grupos paramilitares leales a Ortega, por otro.
La crisis es la más sangrienta en Nicaragua desde los años 80 y la mayor que enfrenta Ortega, que ha dominado la política del país centroamericano durante las últimas cuatro décadas, desde su retorno al poder, hace 11 años.
El director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), Álvaro Leiva, dijo hoy que al menos 10 personas murieron, 62 resultaron heridas y 10 desaparecieron en enfrentamientos en Masaya, una ciudad de 100.000 habitantes ubicada 25 kilómetros al oeste de la capital, desde el sábado pasado hasta esta madrugada.
Uno de los fallecidos fue un profesor de secundaria de 23 años que murió de un disparo en el torso, una herida que indica que «fue ejecutado, sin duda, por francotiradores», prosiguió Leiva.
Entre los muertos identificados se encuentran también un joven de 15 años, un policía de 22 y un hombre de 27 años, agregó.
Según dijo a periodistas el sacerdote Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel en Masaya, ese hombre de 27 años «fue ejecutado» por una oficial que le disparó al pecho cuando estaba detenido e indefenso, informó la agencia de noticias EFE.
El sacerdote católico Augusto Gutiérrez, cuya parroquia queda en el barrio de Monimbó de Masaya, denunció que fuerzas de seguridad lanzaron anoche un «ataque generalizado», una «invasión de la ciudad con armamento pesado».
A pesar de que los ciudadanos mantienen barricadas en las entradas de la ciudad, policías antimotines y grupos armados lograron entrar en vehículos todoterreno y reprimir a los pobladores, contó Gutiérrez, citado por diarios locales.
Además, muchos pobladores le contaron casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, agregó.
Leiva dijo que la Anpdh informó que recibieron denuncias, que están investigando, sobre el presunto uso de una avioneta que lanzó alguna sustancia tóxica sobre la población. Se presume que era un insecticida conocido como cipermetrina, agregó.
Comerciantes denunciaron además que grupos afines a Ortega incendiaron el mercado de artesanías de Masaya.
El jefe de policía de la ciudad, Ramón Avellán, dijo que el agente de 22 años murió anoche durante un ataque de manifestantes contra una comisaría.
Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas reformas fallidas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del presidente, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
Las marchas y protestas han sido duramente reprimidas por la policía y por lo que manifestantes describen como grupos violentos afines al gobierno o al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), derivando en decenas de muertos.
«Según nuestros datos, las protestas han causado 127 muertos y cerca de un millar de heridos», dijo hoy el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, en una conferencia en la sede en Washington del centro de análisis Diálogo Interamericano.
La crisis llegó a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que empezó hoy en Washington y que votará un proyecto de declaración de «apoyo al pueblo nicaragüense» y a su derecho a protestar.
El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, aprovechó hoy su discurso ante la asamblea para redoblar la presión sobre el gobierno de Ortega, al que instó a frenar la represión y las detenciones arbitrarias y «rendir cuentas» por las muertes, en línea con recomendaciones hechas el mes pasado por la CIDH.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) acordó la semana pasada con la CIDH y el gobierno de Nicaragua crear un grupo para investigar los hechos de violencia, formado por integrantes seleccionados por la comisión interamericana.
Como forma para contener la crisis, la CIDH recomendó al gobierno del líder sandinista frenar la represión y las detenciones, así como desmantelar «los grupos parapoliciales” e impedir que terceros armados ataquen a la población civil.
«Apoyamos la misión de la CIDH y encarecidamente urgimos al gobierno de Nicaragua a implementar las recomendaciones de la Comisión», destacó Pompeo en su discurso, informó la agencia de noticias EFE.
La Iglesia ha intentando mediar en la creciente crisis el país centroamericano, pero canceló un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición la semana pasada luego de que una marcha encabezada por madres de víctimas terminara con otros 16 muertos a tiros por fuerzas de seguridad o grupos parapoliciales.
Ortega, cuyo tercer mandato consecutivo termina en 2022, acusa de las crisis a grupos opositores de derecha que, según dice, conspiran para «aterrorizar» al país.
En Managua rige un virtual toque de queda nocturno, con motociclistas que atacan a aquellos que se atreven a salir, según la Anpdh.
Hoy, los comerciantes del Mercado Oriental, el más extenso de Nicaragua, se declararon en «desobediencia civil» en protesta contra la «opresión» de Ortega, y dijeron que dejarán de pagar impuestos.
«Muchos nos han dicho: nos van a quemar el mercado, como en Masaya, (pero) no tenemos miedo», dijo a periodistas una vocera de los comerciantes.