Nicaragua cumplió este fin de semana 4 meses de profunda crisis sociopolítica entre manifestaciones en contra y a favor del presidente Daniel Ortega, y con una queja del Gobierno por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este sábado el Gobierno de Nicaragua emitió un «informe evaluativo» sobre el trabajo de la CIDH, a la que calificó de «parcializada y politizada», por los reportes emitidos desde el 21 de mayo pasado.
El Ejecutivo nicaragüense afirmó que el informe de la CIDH está basado «en informaciones audiovisuales y testimonios editados y manipulados por los autores y ejecutores del intento de golpe de Estado, dándole plena veracidad a los mismos, sin haberle dado posibilidad al Gobierno de Nicaragua de pronunciarse sobre tales afirmaciones infundadas».
El Gobierno emitió el señalamiento dos días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, que da seguimiento a las investigaciones de los actos de violencia, mostró públicamente su «preocupación» la negativa del Estado nicaragüense a brindar información.
Nicaragua atraviesa la crisis política más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.